TRIBUNALES
El fiscal pide 4.800 euros de multa a los padres de Rubén por abandono
La defensa clama su inocencia ante el juicio de mañana: «Se da la paradoja de que las víctimas se convierten en acusados»
Lucía Loma y Alejandro Calleja con su hijo Rubén hace dos años
El caso de Rubén llega otra vez a los tribunales. Pero Rubén sigue sin escuela después de cinco años de batalla por su educación inclusiva. Alejandro Calleja y Lucía Loma, el padre y la madre de este joven con síndrome de Down, se sientan en el baquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de León para responder a la acusación de abandono de familia por el absentismo escolar del muchacho, de 15 años.
El padre y la madre de Rubén se niegan a escolarizar a su hijo en el centro especial Sagrado Corazón, donde está matriculado de oficio por la Dirección Provincial de Educación desde el curso 2010-11, cuando fue privado de acudir a su colegio ordinario, el público González de Lama de León, con el desacuerdo de la familia.
El matrimonio está acusado de abandono de familia tipificado en el artículo 226 del Código Penal y el fiscal, que ejerce la acusación pública, solicita una condena de 8 meses de multa a cada uno a razón de 10 euros por día. En total, la multa suma 4.800 euros, cantidad que el padre y la madre de Rubén se vieron en la obligación de abonar por anticipado en concepto de fianza, antes de someterse a juicio oral y de que exista una sentencia tal y como exigió el Juzgado de Instrucción número 3 de cuando abrió juicio oral.
El fiscal argumenta la acusación en que el padre y la madre «conocen y fomentan» el absentismo escolar de su hijo pese a ser «sabedores de las obligaciones que al respecto les incumbían ya que fueron informados y requeridos al efecto en multitud de ocasiones por profesores, técnicos y Dirección Provincial de Educación», señala en las conclusiones provisionales entregadas hace un año.
Por el contrario, la defensa proclama su inocencia y arguye que «se produce la paradoja de que las víctimas se convierten en acusados por un delito» puesto que «los padres de Rubén reclaman la efectividad del derecho a la eduación inclusiva que reconoce la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución, además de la legislación ordinaria, y entienden que la administración se lo ha denegado», explica el letrado de la asociación Solcom, Juan Rodríguez Zapatero.
La vista está prevista a las 10.15 horas de la mañana con la concurrencia de la pareja acusada y siete testigos, tres a petición de la fiscalía y cuatro de la defensa, entre estos últimos, se encuentra Pilar González, directora general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Junta, el presidente de Amidown en León, Jesús María Sánchez, el psicólogo del niño, Miguel Ángel González Castañón, y la técnica de la ludoteca a la que asiste Rubén por la mañana en lugar de al colegio. El fiscal pide la comparencia de representantes de la Inspección Educativa, los servicios sociales del Ayuntamiento de León y los equipos de orientación.