El PP invertirá 2.000 millones para alcanzar el millón de ocupados y redobla el esfuerzo social

El candidato a la reelección por el PP en la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentó ayer en León el programa de medidas con el que su partido se presenta a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo. Un programa «abierto» y volcado en las políticas sociales, que presenta como avales «la experiencia de gobierno» y pretende diferenciarse de la marcha del partido a nivel nacional porque la autonomía «presenta mejores resultados que la media española» después de la travesía por la crisis. Continuidad y coherencia marcan el «mejor proyecto político para Castilla y León», frente a la «negatividad, improvisación o división» que señala como puntos débiles de sus distintos adversarios.

Herrera basó ayer las propuestas políticas del PP para mantener el feudo castellano y leonés en cuatro punto: crecimiento económico y empleo de calidad; servicios públicos y cohesión social; construcción de Comunidad y mejora de la calidad política y administrativa. En el primer punto, además de medidas económicas e industriales para las empresas, anuncia un plan integrado de empleo dotado con 600 millones de euros, y centra sus miras en el empleo juvenil y los parados de larga duración. Para fortalecer el tejido empresarial se centra en fomentar nuevas iniciativas y en impulsar la financiación privada de la innovación.

Lograr el consenso político para reformar el Estatuto de Autonomía, con el objetivo de fortalecer el papel de las entidades locales y proyectar la Comunidad en los proyectos internacionales; se conjuga con la «apuesta por los municipios», para lo que reclamará una modificación de la Ley de Financiación Local que beneficie a las entidades menores. El PP plantea también limitar los mandatos de los representantes políticos.

ECONOMÍA

POLÍTICA FINANCIERA

El PP se compromete a seguir controlando la deuda y priorizar el pago a los autónomos y pymes como sus proveedores, a la vez que exigir la reforma urgente del sistema de financiación autonómica para corregir el actual desfase, que cifra en 500 millones de euros. También propone reforzar los programas de inversiones con un importe de 2.000 millones en cuatro años, 600 de ellos destinados a inversiones sociales prioritarias.

Herrera comprometió ayer la retirada del recargo autonómico al Impuesto sobre Hidrocarburos (céntimo sanitario) en 2016, un impuesto «que fue excepcional y que vino para quitarse». También prevé mantener «el actual cuadro de 50 beneficios fiscales» e incrementar los que favorezcan el emprendimiento empresarial. También la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones «en la medida que lo permitan los ingresos ligados al nuevo crecimiento».

EMPLEO

Desarrollar el III Acuerdo marco para la Competitividad y la Innovación Industrial hasta 2020 es uno de los objetivos, junto con una nueva Estrategia Integrada de Empleo, que vaya desde la formación profesional a la prevención o laigualdad, y que compromete un gasto de «al menos» 600 millones. Una estrategia en la que tienen prioridad el empleo juvenil (120 millones para la legislatura, que permitirán poner en marcha la Garantía Juvenil Europea); y políticas activas para los parados de larga duración y colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo. También de los discapacitados, con la financiación de los costes sociales de este colectivo para lograr emplear hasta 5.000 personas en los Centros Especiales de Empleo. Los Planes de Empleo Local estarán dotados con 200 millones.

EMPRESAS

El PP compromete la creación de 8.000 empresas en dos años, para lo que incorporará nuevos beneficios fiscales, también para los autónomos. Y una Estrategia de Especialización Inteligente que pretende movilizar más de 9.000 millones de euros hasta 2020, tanto públicos como privados; así como un progresivo incremento de las partidas de I+D+i. El objetivo «es reindustrializar Castilla y León, para lo que plantea un acuerdo marco que logre que en 2020 la industria tenga un peso del 20% en la economía autonómica.

AGRICULTURA

El PP plantea el desarrollo de la nueva Estrategia Agrohorizonte 2020, que define siete sectores prioritarios y se fija como objetivo fundamental la incorporación de jóvenes al sector agrario (5.000 nuevos agricultores hasta 2020). A este sector destinará 10.000 millones en cinco años, con el desarrollo de una Ley Agraria que cree un Fondo de Tierras Disponibles; la nueva PAC para reconocer nuevos derechos; el nuevo Programa de Desarrollo Rural, la Estrategia Futura Alimenta y el Plan de Cooperativas Agrarias.

TURISMO

Modernización e internacionalización para lograr ser líderes en turismo rural, y contar con 27 millones de visitantes españoles y 5 millones extranjeros; además de sinergias con el patrimonio cultural.

COMERCIO

«Un sector que por fin empieza a repuntar». Para lo que contribuye, según el PP, no sólo la demanda interna sino su política fiscal. Pretende crear una Red de Agentes del Comercio Interior, para favorecer que el sector llegue al millón de ocupados en la Comunidad al finalizar la próxima legislatura.

SERVICIOS SOCIALES

El PP se apunta haber otorgado a este apartado durante la crisis una «clara prioridad política y presupuestaria», de forma que ha sido «uno de los gobiernos que menos ajustes ha realizado». De cara al futuro compromete establecer un suelo mínimo en el gasto social, que destine al menos un 80% a educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. También promete una «política de recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos», agotar «al máximo» la oferta de empleo público» y reducir la interinidad.

SANIDAD

El PP anuncia un IV Plan de Salud, que desarrolle la Estrategia de Atención al Paciente Crónico y otras actuaciones de «modernización y eficiencia» como una fundación para captar recursos que impulsen la investigación biosanitaria, impulso de alianzas estratégicas entre servicios hospitalarios, creación de unidades de innovación en los principales hospitales, puesta en marcha de la receta electrónica y creación de la plataforma Sacyl Conecta, para acceder a las historias clínicas.

También compromete la intervención en menos de 30 días a los pacientes de más gravedad, y planes para continuar reduciendo las listas de espera. Ampliación de centros de salud y modernización del equipo de los centros son otras promesas electorales.

EDUCACIÓN

El PP prioriza la reducción de las tasas de fracaso y abandono escolar, así como el fomento de la calidad en el sistema educativo y un nuevo plan de Formación Profesional «cuya máxima expresión será la FP dual, que fomente la empleabilidad, y la Formación Profesional Internacional. También una inversión de 55 millones en el Plan de Infraestructuras Universitarias, y la congelación de las tasas universitarias en el primer año de legislatura. En adelante, depende de la evolución económica. También habrá un plan de becas propio que complemente las del ministerio.

SERVICIOS SOCIALES

Mejora de la Red de Protección a Personas y Familias como «instrumento estable» de atención social y garantía de acceso a alimentos básicos y sistema integral antidesahucios; además de incorporar mecanismos de inserción laboral. Garantía de concesión de prestaciones de dependencia en un plazo máximo de tres meses, y crear 11.000 puestos de trabajo ligados a la atención a la dependencia en la próxima legislatura. Plan de Prevención de Violencia Intrafamiliar con medidas específicas para menores, y plan contra la violencia de género.

RETOS DEMOGRÁFICOS

Herrera plantea involucrar a todas las instituciones, también europeas e internacionales, en un «problema de Estado» que prevé apoyar a jóvenes, inmigrantes y familias.

CONSTRUIR COMUNIDAD

Después de 30 años de «autonomismo útil» el PP «tiene clara su posición en el debate sobre el modelo de Estado». Frente a los proyectos de separación o recentralización, mantiene la apuesta por mejorar el estado autonómico y fortalecer el proyecto de Comunidad. Para ello plantea buscar el consenso en la reforma del Estatuto de Autonomía, que consolide los avances sociales y fortalezca el papel de las entidades locales para prestar servicios de proximidad. Propone también una Conferencia de Ciudades como marco de debate autonómico, con la incorporación de «nuevas exigencias sociales en materia de calidad democrática».

Castilla y León tendría también una II Agenda de Acción Exterior, para aumentar el impacto en el extranjero, que pasa además por una Estrategia para la Macrorregión del Sudoeste Europeo; así como consensuar «servicios de frontera» a través de alianzas estratégicas con otras regiones.

APUESTA POR LOS MUNICIPIOS

«La defensa del municipalismo es algo muy nuestro». El PP de Castilla y León exigirá la modificación de la financiación local para incorporar previsiones diferenciadas en favor de los pequeños municipios, y destinará 250 millones a la cooperación económica con las entidades locales. Respecto a la Ley de Ordenación del Territorio, compromete elaborar una ley que delimite las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, y aprobar el mapa de áreas funcionales estratégicas. Con el objetivo de impulsar programas de desarrollo en las zonas con menor dinamismo económico y demográfico, o con «circunstancias extraordinarias, como los municipios mineros». Para lo que elaborará un Plan de Convergencia Interior y un Fondo Autonómico de Compensación Interterritorial.

POLÍTICA TERRITORIAL

Impulso del Corredor Atlántico, con proyectos de inversión de 440 millones de euros; Ley de Ordenación del Transporte, con la aplicación prioritaria del Transporte a la Demanda, cobertura de banda ancha de alta velocidad en el medio rural para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y un Plan de Economía Circular y Empleo Verde, para generar empresas y empleo en torno al medio ambiente, son propuestas que se realizan junto con el programa de sellado de vertederos de residuos domésticos, o el Programa de Actuaciones en Infraestructura Hidráulica, dotado con 100 millones de euros.

CALIDAD POLÍTICA

«Contra la corrupción política o económica no cabe tolerancia posible». El «disgusto y desafección» de los ciudadanos hacia la política y los políticos también ocupa su espacio en la propuesta electoral autonómica del PP. Transparencia y gobierno abierto, «exigencias adicionales a las de la legislación nacional para nuestros altos cargos» y una «mayor calidad de la política» son las ofertas de los populares de Castilla y León, con la búsqueda de consenso para limitar el número de consejeros de la Junta, limitar los mandatos de los representantes políticos o el ajuste del número de procuradores en Cortes.

Los populares se comprometen también a promover en el ámbito nacional el debate sobre «avanzar hacia un sistema electoral de listas abiertas».

En el «avance en cercanía», se propone la Ley de Diálogo Civil, la modificación de la Ley de Gobierno para que las consejerías se reúnan en las distintas provincias o favorecer un contacto más estrecho con los ciudadanos y sus representantes en el parlamento autonómico.