Una actividad que «tira» de más de una decena de sectores auxiliares
La venta de coches no sólo es uno de los principales indicadores de la salud y la confianza económica de los consumidores, sino también un importante tractor de actividades auxiliares. Y tiene además un papel industrial trascendental en la economía de muchas autonomías, fundamental en Castilla y León. Por eso en los últimos años el Gobierno ha aprobado hasta ocho planes de incentivo económico a la renovación del parque móvil. Fabricantes, concesionarios, talleres, aseguradoras, financieras, gestorías,... Hasta una decena de sectores auxiliares señala el sector como directamente afectados por la actividad de la venta de automóviles.
El Pive 8, aprobado esta semana, está dotado con 225 millones de euros, aunque implica una rebaja a las ayudas respecto a programaciones de incentivos anteriores.
Mientras que hasta ahora las ayudas suponían 2.000 euros de rebaja (1.000 a cargo del Gobierno y lo mismo a cargo de los concesionarios), a partir de ahora el importe de las ayudas es de 1.500 euros. 750 euros de aportación por cada una de las partes, aunque durante este tiempo los concesionarios han insistido por un lado en que el esfuerzo que ellos realizan es mayor, por las rebajas que realizan para incentivar las compras; y por otro en el retraso en los pagos de la parte que le corresponde a la Administración.
En el caso de las familias numerosas, las ayudas se elevan hasta los 2.250 euros. El plan pretende incentivar la compra de 300.000 vehículos nuevos.
Las siete ediciones anteriores han permitido la sustitución de 890.000 automóviles de más de 10 años por otros menos contaminantes y más seguros.
En total la Administración central ha tenido que aportar para llevar a cabo este recambio «generacional» en los coches 890 millones de euros, y una cantidad igual ha corrido a cargo de las marcas de vehículos familiares.