León intenta aplazar el pago de los 10,8 millones del viejo contrato de la basura

Al borde del plazo, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento tomará hoy su primera decisión importante: recurrir el auto del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que le ordena pagar a la empresa Urbaser los 10,8 millones de euros de los intereses de la deuda del viejo contrato de la basura. Una medida para intentar ganar tiempo al acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ni siquiera garantiza a la administración que, en virtud de la posibilidad que tiene la empresa de reclamar la ejecución provisional, el magistrado le obligue a cumplir con el desembolso de manera inminente, en tanto en cuento se resuelve el pleito de manera firme.

Por si acaso se da este escenario, el consistorio prepara como complemento la argumentación que le permita que quede en suspenso el pago hasta que la resolución sea firme. Pese a que la decisión del Gobierno de perdonar este año los intereses del ICO le aportó un margen de 9,9 millones de euros sobre las estimaciones iniciales —utilizados para amortizar otras deudas y compromisos— el Ayuntamiento de León no cuenta con fondo de maniobra suficiente en el presupuesto de 2015 para poder afrontar el pago de los 10,8 millones de euros en estos momentos.

La situación aboca al equipo de gobierno a tener que buscar una solución negociada al margen del juzgado. Una salida como la que ya cerró con la constructora Ceyd a primeros del pasado año, cuando acordó fraccionar en dos plazos el pago de la sentencia que le obligaba a devolver los 10,9 millones de euros que había ingresado en 2008 por los almacenes municipales sin que se pudiera construir en ellos.

Mientras se abre esta vía de negociación que resuelva el pleito de manera extrajudicial, el Ayuntamiento confía en que el Gobierno cumpla con el compromiso alcanzado con la Federación Nacional de Municipios y Provincias para, a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales previsto en el Real Decreto-Ley 17/2004, poder hacer frente al pago derivado de sentencias firmes. Este mecanismo, que tiene prevista una partida de 300 millones de euros para toda España, le aportaría al equipo de gobierno del consistorio la salida para cumplir con el desembolso de los 10,8 millones de euros a Urbaser y la posterior devolución, dentro de unas condiciones similares a las que están firmadas ya para los créditos ICO.