ESTADÍSTICAS DE LA MUERTE
El 44% de las autopsias judiciales en León dan como resultado una muerte violenta
El Instituto de Medicina Legal de León practicó 293 necropsias en el último año
Instalaciones del Instituto Anatómico Forense de León, en Eras de Renueva
En la calle, en la cárcel, en un lugar público. Morirse sin una causa aparente moviliza a un equipo de profesionales que buscan la causa última del deceso. Trabajan siempre por orden judicial. El equipo de forenses de la provincia de León practicó el año pasado 293 autopsias, 201 en León y 92 en Ponferrada. En el 55% de los casos las muertes se produjeron por causas naturales y el 44% fueron fallecimientos violentos. En León todavía quedan dos cadáveres pendientes «de determinación». Los forenses aún no saben con exactitud por qué han muerto. Otros 75 fallecieron por homicidios, 30 por suicidios y 42 por accidentes de tráfico o laborales.
Los forenses de Ponferrada practicaron 92 autopsias de las que 37 destaparon una causa natural y 55 violentas, de las que 31 fueron por accidentes de tráfico o laborales, 22 por suicidos y dos homicidios. «Una cifra algo alta de suicidios», hace notar la jefa de Patología del Instituto de Medicina Legal de León, Olga Larriba.
El equipo
Todo empieza con la aparición del cadáver. El equipo multidisciplinar ordena hechos y evidencias. Intervienen distintos especialistas de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces y técnicos, además del médico forense. «La estadísticas se mantienen estables. Hay años que hacemos diez o doce más que el año anterior, pero hay poca variación», explica la jefa de Patología. «Nosotros sólo intervenimos por orden de un juez cuando se produce una muerte violenta o que hay sospechas de criminalidad por el lugar en el que aparece el cadáver, por las circunstancias en las que se produjo la muerte o si es una persona joven con una muerte inesperada».
Pese al trabajo de investigación e inspección del equipo, ocho cadáveres al año permanecen hasta dos semanas en las cámaras frigoríficas a la espera de que algún familiar los reclame. Transcurridos los quince días, es el juez el que vuelve a dar la orden de enterramiento, para lo que se recurren a los enterramientos sociales.