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El PSOE fijará en un reglamento cómo dar los 600.000 euros de productividad
Buscan eliminar «la discrecionalidad» del reparto actual y aplicar criterios objetivos.
Gran parte de los funcionarios de San Andrés trabajan en la sede del Ayuntamiento.
El PSOE quiere regular el complemento de productividad que reciben algunos de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Andrés, y lo hará a través de un reglamento que negociará con los sindicatos y que se vinculará a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La idea es «evitar la discrecionalidad» que se venía aplicando actualmente e introducir «criterios objetivos», según explicó el concejal de Personal, Santiago Blanco.
La cuantía a repartir ronda los 600.000 euros anuales y el 80% de esa cantidad la percibían 136 de los 350 trabajadores «de una forma lineal», un sistema que el nuevo edil pretende cambiar para basarlo en una valoración del buen trabajo. «Se trata de proponer la concesión de esos pluses a empleados o empleadas que hayan destacado por su especial interés en el trabajo o que hayan demostrado una especial dedicación», aclara.
En ese sentido, una mayor resolución de expedientes se valorará positivamente de cara a obtener el complemento de productividad frente a la acumulación de faltas de puntualidad o la escasa asistencia al puesto laboral. Para otorgarlo, se contará con la opinión del jefe del departamento correspondiente, el concejal del área y el de Personal; y estará sujeto a revisión cada cuatro meses. El reglamento «va a ser consensuado y con una aprobación inicial para que los propios trabajadores puedan presentar alegaciones», indica. Al incluirlo en la RPT su tramitación será más compleja, ya que las elecciones sindicales fueron impugnadas y falta que se resuelvan para disponer de los interlocutores válidos. De modo que antes de nueve o diez meses no estará listo, según calcula Blanco.
Consejo Consultivo
Por otra parte, antes de adoptar decisiones sobre los contratos o deudas con las adjudicatarias Prial (electricidad); Gexín (ex responsable de piscinas) y Urbaser (ex encargada de limpieza hasta la municipalización), la Concejalía de Hacienda ha remitido sus expedientes al Consejo Consultivo en busca de respuestas. «En el caso de las piscinas, nos encontramos con el secuestro del contrato en diciembre de 2013, que se ha prorrogado de manera tácita aunque el contrato no está resuelto, de ahí que pidamos directrices antes de actuar al Consultivo», explica el concejal. El equipo de Gobierno también está pendiente de realizar una auditoría económica y de contratación, con ayuda del Ejecutivo central, la Femp o la Junta, que ha pedido al Ayuntamiento que remita la petición a la Consejería de Administraciones Públicas.