El Pleno aprueba al límite pagar con un nuevo fondo 6,4 millones de sentencias
El PSOE, PAL y C’s votaron a favor de la adhesión, PP y UPL se abstuvieron e IU la rechazó.
El Pleno se convocó con carácter de urgencia para poder pedir a tiempo el fondo gubernamental.
El equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo superó ayer su primera prueba, al lograr sacar adelante en un Pleno extraordinario la adhesión al nuevo fondo gubernamental de ordenación de la deuda, que permitirá liquidar 6,4 millones de euros pendientes de 51 sentencias firmes. Acceder a esa financiación, cuyo plazo finalizaba ayer, era «indispensable y muy necesario», según justificó el concejal de Hacienda, Santiago Blanco, ya que «de otro modo no podríamos pagarlo y acumularíamos moras del 8 al 10%, porcentajes más elevados que el interés del crédito al que concurrimos», matizó.
El PSOE pudo dar luz verde a la medida, que supone modificar algunas partidas del Plan de Ajuste, gracias al apoyo del PAL y Ciudadanos, y la abstención del PP y UPL. Sólo IU se opuso rotundamente, porque entiende que es un respaldo al documento de recortes 2012-2032, que desembocará en la «reducción de personal y servicios públicos», y hará «inasumibles, entre otros, los precios del centro de día, la guardería y la ayuda a domicilio por la obligatoriedad de subir tasas e impuestos», explicó Eloína Terrón. Argumento que comparte UPL, al considerar que la adhesión «trae un regalito, que es la reducción de personal y que todas las tasas y precios públicos deban cubrir el coste de los servicios en 2018. Además, durante 20 años de vigencia del plan, se marca un techo de gasto y no se podrán realizar inversiones, con lo que el Ayuntamiento estará muy limitado».
El edil de Hacienda respondió a la portavoz de IU «que está confundiendo el debate. No traemos a votación el Plan de Ajuste, sino si quieren o no pagar las sentencias, entre ellas, muchas de trabajadores de Urbaser cuya municipalización apoyó usted». Blanco y la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, también precisaron que si el Ayuntamiento no paga voluntariamente esas sentencias con el nuevo fondo «difícilmente lo podremos justificar ante los juzgados y corremos el riesgo de que nos retengan las aportaciones y tributos estatales». Remarcaron que gran parte de los fallos judiciales a los que hay que hacer frente (el 75%) derivan de trabajadores, sobre todo, de limpieza que quedaron fuera de la municipalización o se subrogaron con diferencias salariales.
El portavoz del PP, Gregorio Chamorro, defendió la municipalización de ese servicio, que «logra un ahorro de 2 millones al año para el Ayuntamiento, y hubo que hacerlo porque los gestores socialistas anteriores dejaron sin pagar a Urbaser 27 millones, que nosotros abonamos con el primer ICO». PP e IU recriminaron, además, «la urgencia y falta de información» con la que se llegaba al Pleno, máxime al tratarse de «un asunto tan delicado, en el que desconocemos si hay sentencias con parte ya abonada y otras que se dan por firmes porque no se recurrirán».
El PAL justificó que «es necesario tomar medidas con 22 millones de ingresos y 32 de gastos», y Ciudadanos insistió en que «comienza un tiempo nuevo» en el Consistorio y pidió «un ejercicio de responsabilidad» para aprobar la adhesión a un fondo «que es beneficioso para pagar a empresas y trabajadores». Tono comedido que agradeció la alcaldesa.