El área de bomberos de la capital cubrirá a 28 municipios y más de 223.000 habitantes

A razón de 20 euros por habitante al año y con la máxima de los 30 minutos de tiempo de respuesta máxima desde el parque de la avenida de Sáenz de Miera, a León le salen las cuentas para lograr una financiación de 1,8 millones de euros para el servicio de extinción y prevención de incendios, después de años de polémicas. Un fuego que el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere sofocar mediante el cierre de convenios particulares o un acuerdo global con los otros 27 municipios que se encuentran dentro del radio de acción marcado. En total, 223.028 personas, el 46% de la provincia, de las cuales 93.477 están empadronadas en la mancha de territorio que gravita alrededor del consistorio de la capital.

El tiempo marcado como referencia no es aleatorio, sino que los estudios en incendios demuestran que por encima de los 30 minutos la efectividad para poder salvar un inmueble del fuego es muy reducida. La segunda variable, establecida en 20 euros por habitante, se apunta también de acuerdo a un criterio de reparto con el que se pueda cubrir el gasto del parque de bomberos de la capital leonesa de acuerdo a un precio equitativo para cualquiera de los 223.028 habitantes que recibirían atención: con 20 euros por cada persona se cerraría una recaudación de 4.460.560 euros, incluido también lo que le correspondería al municipio de León por sus 129.551 personas empadronadas.

Aunque en la actualidad la extinción y prevención de incendios cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros, asumido casi en exclusiva por el Ayuntamiento de la capital, con una aportación del consorcio de seguros (Unespa) de 515.000 euros, el estudio que manejan los responsables del consistorio de León refleja que habría que elevar al menos hasta los 4,6 millones de euros la partida para prestar el servicio con garantías. Una cifra con la que habría margen para que la plantilla de bomberos volviera a contar con entre 78 y 80 miembros, en lugar de los 68 que hay en la actualidad por la política de recortes y amortización de plazas de jubilaciones llevada a cabo en los últimos dos mandatos, y además para la inversión en renovación y nuevas adquisiciones de maquinaria.

El planteamiento abierto queda ahora pendiente de la reacción de los ayuntamientos y, de manera colateral, de la Diputación. De todos los municipios integrados en el área de los 30 minutos de respuesta, tan sólo San Andrés del Rabanedo tiene obligación por ley de contar con un parque propio, al rebasar los 20.000 habitantes, aunque Villaquilambre ya se acerca al límite. Los demás deberán buscar la colaboración de la institución provincial, que es la que tiene la responsabilidad en los núcleos de menos de 20.000 empadronados, para poder afrontar el coste que se les presenta. Una solución para un problema arrastrado durante años sin que nadie dé un paso adelante.