La causa contra los anestesistas de Otazu sigue parada dos años después
El especialista que denunció un posible delito por suplantación emigra de León.
Imagen de archivo de la extinta Clínica Otazu.
Dos años, cinco declaraciones y un cambio de juez. Ese es el resultado de las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 1 de León para investigar la denuncia de un anestesista y de Sacyl ante un posible caso de suplantación de identidad en los quirófanos de la desaparecida clínica López Otazu. Mientras tanto, el anestesista que denunció los hechos, José Manuel Caunedo, ha tenido que emigrar de León para trabajar en otra ciudad. «No ha tenido el apoyo de nadie», dice su abogado, «ni del Colegio de Médicos ni del Sacyl».
Las últimas personas que han pasado por el juzgado para prestar declaración son las enfermeras circulantes, que son las profesionales que escriben en la hoja de quirófano los actos que se producen dentro cuando los médicos están operando. En su declaración, las enfermeras restaron importancia a la elaboración de esos informes que consideran de trabajo interno. En esas hojas aparece el nombre de José Manuel Caunedo como anestesista de 1.500 operaciones que, según denunció en el juzgado, no ha hecho.
Caunedo, que trabaja exclusivamente en la sanidad privada, presentó una denuncia en 2013 para que tanto la administración —Sacyl— como la justicia, investiguen un posible delito penal por si otros profesionales del Hospital de León, con incompatibilidad para operar en la sanidad privada, habían utilizado su nombre sin su consentimiento para intervenir a pacientes de Sacyl en la clínica López Otazu.
Por su parte, la Consejería de Sanidad también vio indicios de posible delito penal tras lo que trasladó la documentación a la Fiscalía provincial, que a su vez la remitió a los juzgados para su investigación.
El juzgado de instrucción número 1 admitió a trámite la denuncia y abrió diligencias previas para esclarecer un posible delito de usurpación de identidad.
Lo que dice la denuncia
Caunedo dice en su denuncia que la dirección de la clínica López Otazu le ofreció dinero a cambio de ceder su nombre para que otros anestesistas, que no tenían compatibilidad, operaran en la privada, aunque él se negó.
Los documentos de las hojas circulantes son, según su abogado, Juan Caunedo, una prueba fundamental de que se usaba su nombre en operaciones en las que no estuvo.
Sin embargo, las personas que han declarado hasta ahora: tres enfermeras, Joaquín López Utazu y dos anestesistas, piden el sobreseimiento la causa al entender que no existe ningún delito. Caunedo prepara nuevas pruebas y pide al juzgado que reclame los papeles que, dos años después, la clínica no ha remitido para su estudio. «Hay pruebas que se han perdido y otras que solicitamos no han llegado todavía», asegura el abogado. Entre los documentos que faltan están la documentación económica de lo que se pagaba a los cirujanos y los originales de las hojas de circulantes. «Vamos a pedir más diligencias, con más declaraciones y peticiones de documentos oficiales».
El abogado denuncia «presiones de la profesión, de la que no ha recibido ningún apoyo».