CASO PÚNICA
El juez Velasco quiere que la parte leonesa de la Púnica se juzgue entre las primeras
Hoy se cumple un año de las detenciones de los principales imputados en la trama
Velasco, a la derecha, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto reciente
Eloy Velasco, magistrado juez del juzgado Central de Instrucción número 6 de los de la Audiencia Nacional, pretende que la segunda pieza separada de la Operación Púnica, la que corresponde a la parte leonesa de la trama, pase a juicio entre las primeras para ser juzgada si es posible en el ejercicio del año 2016.
Velasco entiende que el grueso de la causa, los apartados correspondientes a Francisco Granados y David Marjaliza, todavía requieren algunos trámites de instrucción más. Pero la imputación que pesa sobre Marcos Martínez Barazón, anterior presidente de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, que ocupaba el cargo de interventor en el momento de los hechos y Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, director de Evolución Viajes, está prácticamente vista para cerrar los últimos pasos de la instrucción, desde su punto de vista. Lo mismo ocurre con la trama de Murcia, donde se entiende que los hechos están ya suficientemente acreditados para la acusación a la espera de los escritos de las defensas.
Poco probable
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que priori parece poco probable que afecte a la provincia de León la nueva etapa de interrogatorios que ha abierto el juez Velasco para hacer frente a la tercera oleada de la Operación Púnica. Ni los municipios de la provincia leonesa ni los de la Comunidad de Murcia parecen llamados a ser objeto de nuevas investigaciones, si bien la zona sur de Madrid y el área central de la Comunidad Valenciana tienen todas las papeletas para que se lleven a cabo más detenciones, a la vista de que en la práctica de las últimas diligencias han aparecido nuevas sospechas.
En el marco de esta investigación, la Guardia Civil encontró indicios de que los sospechosos cobraban comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y se adjudicaron obras por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
El principal imputado es, por ahora, Francisco Granados, que fue número dos con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior.