La oposición deja solo al Gobierno y tumba ingresar 1 millón más vía tributos

El equipo de Gobierno PSOE-PAL vio ayer frustradas sus expectativas para lograr 1 millón de euros de ingresos extra en 2016, a través de los impuestos de bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica. Su propuesta para ir aplicando las medidas del Plan de Ajuste aprobado en marzo de 2012 por el PP y salir de la ilegalidad administrativa se encontró con la férrea oposición del resto de grupos, que justificaron su negativa a apoyar una subida de ambos tributos en que los ciudadanos «son ajenos a la mala gestión económica municipal y no es momento de someterles a más carga fiscal».

Sólo el incremento del impuesto de actividades económicas (IAE), que grava a 150 empresas del municipio con facturaciones superiores al millón de euros, y que también se sometía a consideración, logró salir adelante con el respaldo de Izquierda Unida y engrosará las arcas del Consistorio en 200.000 euros más el próximo año. El resto de partidos aprecian que eliminar las exenciones de ese tributo va «en contra de compañías que crean muchos puestos de trabajo en San Andrés y que también atraviesan dificultades económicas».

PSOE-PAL, que en estos cinco meses había logrado un difícil equilibrio para consensuar sus acciones políticas, se quedó ayer solo para garantizar más ingresos vía tributos. Los concejales de la oposición no titubearon al rechazar la modificación de las ordenanzas fiscales de IBI e IVM, a pesar de la advertencia de la secretaria sobre su posible «responsabilidad personal» al ir en contra de las medidas económicas contempladas en el Plan de Ajuste. La funcionaria explicó que si continúan los incumplimientos de ese plan, «que es Ley», el interventor general del Estado puede decidir una Misión de Control sobre el Ayuntamiento, nombrando a un experto que adoptará las decisiones que crea para meter en cintura al Consistorio. No se podrían aprobar operaciones de crédito sin la firma del Ministerio de Hacienda y «las medidas coercitivas podrían continuar hasta la disolución» del Ayuntamiento, señaló. Una idea que para Ciudadanos es la adecuada, ya que prefiere la «tutela» estatal «para poner orden en la gestión económica».

«Estupefacta» y despidos

Esa petición dejó «estupefacta» a la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, que no quiere que el Ayuntamiento sea intervenido, «porque sabemos tomar decisiones, no somos cobardes para que las adopten otros por nosotros y que, además, no subirían un 10% el IBI, sino un 30%».

El concejal de Hacienda, Santiago Blanco, advirtió también que al no poder subir los ingresos ‘tocando’ al alza los impuestos, «la otra pata es reducir el gasto», así que pidió a la oposición que «no se rasguen las vestiduras» cuando se tenga que plantear un ERE en el Ayuntamiento. «No aprobar la subida de tributos significa despidos y reducir salarios», insistió. El concejal también expresó que el voto en contra es «continuar con la ilegalidad administrativa, al incumplir la ley de estabilidad presupuestaria y el Plan de Ajuste». Reconoció que son «los primeros a los que nos desagrada subir impuestos, pero la situación económica no deja otros caminos», afirmó. Blanco echó de menos que la oposición ofreciera alternativas, tras rechazar con tanta vehemencia la subida de impuestos.