VATILEAKS-2
Vallejo pide cumplir su condena en un monasterio de Astorga o en La Rioja
La prensa italiana asegura que el ecónomo será recluido en España tras el juicio

Monseñor Lucio Vallejo durante una de las vistas del juicio que se celebra en Roma
A Lucio Vallejo Balda le sobra el tiempo para pensar cuál puede ser su próximo destino. Lleva desde principios de noviembre en una celda del Vaticano tras ser arrestado por haber supuestamente filtrado información confidencial sobre los pufos económicos de la Santa Sede a dos periodistas, quienes publicaron esos documentos y alumbraron el caso Vatileaks 2.
Una vez que acabe el juicio, este sacerdote riojano que trabajaba como auditor de las cuentas vaticanas expiaría su pena pasándose unos cuantos años recluido en un monasterio del norte de España, según la prensa italiana. Podría ser en Astorga, la diócesis a la que pertenece, o en La Rioja, la tierra donde nació y a donde se ha mudado su anciana madre después de su arresto. Ambos vivían juntos en Roma. Quienes trataron a Vallejo Balda en los últimos meses coincidían en manifestar que se encontraba bajo una fuerte presión e incluso algunos cuestionaban su estado mental. En la sesión de ayer del proceso por el ‘caso Vatileaks 2’, la abogada del monseñor español trató de utilizar esta baza para su defensa: solicitó que se le sometiera a un examen psicológico para verificar cuánto pudo ser influenciado por otra de las imputadas, la laica italiana Francesca Chaouqui.
La prueba también habría servido para determinar cómo reaccionó ante las presiones que, según la Fiscalía, sufrió por parte de los dos periodistas para que les facilitara los documentos reservados. El Tribunal Vaticano rechazó la petición de la letrada, pero admitió como prueba el informe con las conclusiones del examen psiquiátrico al que se sometió antes de ser arrestado.
Vallejo Balda no es el único español que va a ver su nombre implicado en el juicio por el ‘caso Vatileaks 2’. Chaouqui sorprendió al citar como testigo al cardenal turolense Santos Abril y Castelló, arcipreste de la basílica romana de Santa María la Mayor y presidente de la Comisión de Vigilancia del Instituto para las Obras de Religión (IOR), la banca vaticana.
La abogada de Francesca Chaouqui sostiene que el purpurado español manifestará que actuó movida por su defensa de los «intereses del Santo Padre». Otro de sus testigos es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.