Para acabar con «esta lacra»

Es un goteo constante. En la oficina delegada de la Administración de Justicia en León cada poco suena el timbre: «Querría solicitar el certificado de penales para poder trabajar con menores». La mayoría llegan rebotados desde Comisaría y desde los propios juzgados a esta sede, ubicada en la calle Santa Clara, 5. Lorena Fernández trabaja en la limpieza de un colegio y explica que la empresa para la que trabaja les remitió una notificación en la que indica a todos sus trabajadores que en un plazo de quince días deberán presentar el certificado de penales para poder seguir desempeñando su trabajo. Cuando únicamente eran aquellos que querían ir a trabajar al extranjero los que solicitaban este certificado, la Administración tardaba menos de una semana en remitírselo a los interesados. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, este tiempo está entre los quince y los veinte días. El precio, el mismo, 3,70 euros.

El registro

«Yo voy a hacer mi trabajo por las tardes, cuando los niños ya no están en el colegio, pero aún así tengo que presentar el certificado de penales», apunta Milagros Redondo, trabajadora del sector de la limpieza en un centro escolar. Tanto a ella como a Fernández no les parece mal el trámite que tienen que realizar y aseguran que, una vez localizada la oficina, la gestión es rápida y eficaz. «Me parece bien con tal de erradicar esta lacra», concreta Redondo. Todo aquel que tenga antecedentes de delitos sexuales pasará a formar parte del registro organizado por el Gobierno y que ya existe desde hace años en otros países como Alemania o Gran Bretaña.