Villarig insiste en el «déficit» que crearon las jubilaciones forzosas
El consejero, satisfecho por la claridad que da la sentencia del Supremo.
DL | León
El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, el leonés José Luis Díaz Villarig, acató ayer la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de casación contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, aprobado por la Consejería de Sanidad en 2012, si bien aseguró que ha permitido para realizar jubilaciones «indiscriminadas» que han provocado un «déficit» de profesionales. En declaraciones a Ical, Díaz Villarig insistió en que el consejo respeta la sentencia del alto tribunal, que respaldo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), si bien reconoció que no están de acuerdo y estudiarán sus detalles, así como si es posible recurrirla, aunque personalmente se mostró partidario de no presentar otro recurso. Además, argumentó que se opusieron al Plan de Sanidad porque insistió en que pone en «peligro» la asistencial en «muchas áreas» de salud de la comunidad.
En ese sentido, Díaz Villarig, que preside el sindicato médico CESM, que también recurrió el plan de jubilaciones, remarcó que los efectos de esta medida han tenido un especial impacto en Atención Primaria y en algunas especialidades. «Tendrán que darle a lo que está ocurriendo una salida. No podrán continuar así», afirmó el presidente de la organización médica colegial, quien insistió en que la sanidad pública de la Comunidad ha prescindido de profesionales por un criterio «economicista» en un momento de dificultades.
Edad máxima
Por su parte, consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, confió ayer en que la sentencia sirva para clarificar los pronunciamientos judiciales sobre las reclamaciones individuales que han presentado los profesionales a los que se les ha denegado la permanencia en el sistema sanitario al alcanzar la edad máxima de jubilación. Sáez Aguado mostró la «satisfacción» que ha provocado el fallo del alto tribunal, que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que determina que no se trata de jubilaciones «forzosas», sino de aplicar la edad máxima de jubilación y de autorizar las prolongaciones en el servicio activo.