TRIBUNALES
El fiscal cita a declarar a 92 personas en el juicio por la muerte de Larralde
La Audiencia calcula que la vista oral durará no menos de un mes y se celebrará en otoño
Entrada a los juzgados de un furgón de la Guardia Civil con algunos detenidos. MARCIANO PÉREZ
dl | redacción
El Ministerio Fiscal ha citado a declarar a 92 personas por su relación con el crimen de Roberto Larralde, asunto que será juzgado en la Audiencia Provincial de León por el sistema del Tribunal del Jurado previsiblemente entre octubre y noviembre, con una duración de la vista oral que se calcula no inferior a un mes.
El Ministerio Público cita a la sala a los siete imputados y además incluye una extensa nómina de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, entre los que se incluye a los especialistas guías caninos, expertos en balística, técnicos en materia de larvas para desgranar sus hallazgos biológicos sobre el cadáver, amigos y familiares de los imputados, compañeros de trabajo y los peritos que realizaron los diferentes informes.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de los de León ultima ya los trámites finales para dictar auto de apertura del juicio oral, asunto que podría llevarse a cabo en las próximas fechas, para dar traslado ya del asunto a la Audiencia Provincial y fijar la fecha de celebración del juicio.
Orden decidido
También se ha fijado el orden en el que se realizarán los interrogatorios en sala. Abrirá el turno el supuesto por material de los disparos, le seguirá el acusado como autor intelectual del plan. La tercera en declarar será la viuda de la víctima, el cuarto el detective privado que según el fiscal ideó la logística del plan para conseguir las coartadas, el quinto será un trabajador de la empresa del líder de la trama y finalmente pasarán por el estrado las dos personas relacionadas con la consecución del arma con la que se cometió el crimen.
El fiscal solicita una pena de 23 años de prisión para la viuda del fallecido, acusada de asesinato. Propone 20 años de cárcel para el considerado autor material y para el posible líder del plan, así como para el detective privado al que imputa la elaboración de un plan para tratar de que no quedaran pistas en torno al crimen y para un trabajador de la empresa del cerebro de la iniciativa.
Paralelamente, solicita una pena de dos años de prisión para los dos acusados de haber conseguido el arma con la que se cometió el crimen, por tenencia ilícita de armas.
De forma alternativa y subsidiaria, si se considerase que el detective privado y el empleado del autor intelectual del plan fueran cómplices y no autores de asesinato, se propondría una pena de diez años de prisión para cada uno de ellos.