El PP había impugnado el pleno y con UPL pidió un informe de legalidad

El PP registró un escrito para impugnar el Pleno de presupuestos antes de saberse que la sesión no se celebraría. Consideran que su convocatoria no se ajustaba a la legalidad por no estar motivada y no dar cuenta de la aprobación inicial del presupuesto acordada por la Junta de Gobierno, lo que vulnera, dicen, varios artículos del ROF y la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Los populares aseguran que «los acuerdos adoptados vulneran toda la legislación vigente y la del Procedimiento Administrativo Común por lo que son nulos». El Ejecutivo local cree que los argumentos del PP «son totalmente incomprensibles» y ven que la urgencia es clara tras cinco años con un presupuesto prorrogado «de carácter ilegal». «A lo mejor es que no tienen interés en que el Ayuntamiento salga de la situación de bloqueo administrativo», manifestó la alcaldesa. El PP con UPL también solicitaron un informe del secretario sobre la legalidad del expediente del presupuesto, cuyas alegaciones observaron que carecían de informe jurídico y estaban incompletas. Gancedo aseguró que no fue advertida por la Secretaría General de que ese expediente pudiera «tener algún tipo de irregularidad». Los populares opinan que «las prisas de la alcaldesa han terminado en una cadena de errores de bulto que provocaron la suspensión del Pleno», y advirtieron que sin informe jurídico que explique las alegaciones y sin informe económico «el expediente no es legal». Urgen una nueva convocatoria «ajustada a derecho y a las normas que presiden la voluntad de organismos colectivos».