Un informe de la UCO ratificó hace 15 días las acusaciones a Barazón

miguel ángel zamora | león

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a través del Grupo de Delitos contra la Administración, refleja en un informe cómo funcionaba la estructura operativa de la trama Púnica en relación con la Diputación Provincial de León. El documento, que obra en poder de este periódico, insiste en la existencia de indicios delictivos en la parte correspondiente a la Diputación de León, y la pone como uno de los ejemplos de las actividades presuntamente delictivas que se llevaban a cabo.

Eloy Velasco, magistrado juez del juzgado Central de Instrucción número 6 de los de Madrid levantó ayer el secreto del sumario que pesaba sobre 25 tomos de la instrucción, con lo cual deja ya la totalidad de la causa al servicio de las partes. Del análisis de los tomos 80 al 105 se concluye que el instructor persiste en sus teorías iniciales, de acuerdo a las cuales hay cuatro personas imputadas en referencia a la pieza leonesa del sumario. Marcos Martínez Barazón, entonces presidente de la Diputación Provincial, Jesús López, interventor en aquella época, y Eduardo Ruiz Valenzuela, presidente de Evolución Viajes, según consta en la documentación a la que han tenido acceso las partes en todo este tiempo.

Martínez Barazón fue detenido y encarcelado durante 43 días acusado de seis delitos. Tras él fue imputado también el anterior interventor de la Diputación. El magistrado considera que los dos habían incurrido en actividades presuntamente ilícitas para la privatización de la estación de San Isidro a cambio de conseguir favores para perpetuar en la presidencia del PP a Barazón. En un pasaje de las grabaciones que constan en el sumario, De Pedro recibe una llamada de la Diputación de León. «Le pasan con Marcos (presidente). Este le dice que están preparando la reunión de mañana con la consejera, que respecto a lo que le ha dicho de Eduardo (Ruiz) hay un aspecto clave, que mientras no hable con ella del tema de la luz y le den un compromiso de que el Principado pague la energía eléctrica por un tiempo determinado no pueden ir a la fusión. Que si llegan a ese acuerdo luego ya hablan de la posibilidad de unir las estaciones. Hablan sobre éste asunto. Marcos dice que darán una rueda de prensa al respecto del asunto y que el pliego de las actividades lo sacarán siempre que Alejandro y sus socios le digan qué tienen que hacer», consta en el sumario.

El equipo comercial de EICO estaba compuesto por cuatro personas. Alejandro de Pedro Llorca, el presunto conseguidor que permaneció en prisión también acusado por estos hechos y al que se le adjudicaba la cuenta de Bankia, Cataluña y la Diputación de León, Pedro Antonio Sánchez, que se encargaba de la Fundación Madrid, Juan Carlos Ruiz, encargado de gestionar las relaciones con Telefónica Latam (hay aquí una ramificación que integra a José Antonio Alonso Conesa, que pese a haber sido alcalde por el PSOE en Cartagena, se encargaba de la dirección de las labores de perpetuación de Barazón en el PP) y finalmente Sara Gargallo, a la que se adjudicaba Coca Cola.

UNA FACTURA

El sumario incorpora un documento al folio 38.509 en el tomo 102 en el que explica que había una previsión de cargo de una factura de 162.360 euros a CCT Murcia y la Diputación de León. El documento aportado por la Guardia Civil muestra los rostros de cada uno de los miembros del grupo en EICO adjuntándolos a sus funciones y recoge una previsión de ingresos en la que se incorporan actividades de la Diputación de León.

Barazón, sería presunto responsable de los delitos de fraude en contratación pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos, según un informe previo de la UCO emitido el pasado día 29 de junio de 2015. El documento, de 102 páginas, reduce de siete a cuatro los delitos que se aprecian en su actividad, puesto que no contempla los supuestos de prevaricación, cochecho o falsedad documental en la actividad del ex presidente relacionada con la Operación Púnica, según consta en la segunda parte del sumario.

La mayor parte de la documentación que se hizo pública en las últimas horas se refiere a la investigación abierta contra Francisco Granados y sus actividades en diferentes instituciones a nivel local y provincial en Madrid.

Granados, dice la Guardia Civil, «habría dado instrucciones al personal» de Arpegio para que pagaran dos facturas por 57.407 euros en obsequios y cestas de Navidad enviados a «personas que tenían algún tipo de relación particular con él o con su esposa, María Nieves Alarcón».

De hecho, la mujer de Granados decidió algunas de las personas destinatarias de las cestas, como queda plasmado en dos correos de noviembre de 2007 entre ella y la secretaria de su marido, con el asunto «Navidad 2006 Nieves Alarcón».

En uno de los correos le remite una lista de destinatarios, y en el siguiente le dice: «falta un montón de gente, ¿sólo tienes ésta? Mira a ver porfa, sé que la mandamos a otras personas. Muchas gracias».

Entre esos destinatarios, según comprobaron los agentes tomándoles declaración posteriormente, figuran una empleada del hogar y médicos que atendían al matrimonio.