Declaran nulo el acuerdo que dejó a San Andrés sin representante
p. infiesta | san andrés
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León ha declarado nulo el acuerdo adoptado por la asamblea de concejales de la Mancomunidad Municipal de Servicios Funerarios (Serfunle) en septiembre de 2015 sobre la designación de representantes en el Consejo de Administración de la empresa mixta. Una decisión que dejaba a San Andrés del Rabanedo fuera de ese órgano y que fue calificada por el equipo de Gobierno PSOE-PAL como un «ataque» al municipio, «un hecho insólito e injusto», porque era la primera vez que uno de los ayuntamientos que integran la mancomunidad se quedaba sin representante en el órgano de gestión de la entidad. También aludían que la propuesta se aprobó «sin consensuar, sin justificar, sin la existencia de un informe técnico jurídico», y con los votos de los concejales asistentes del Partido Popular de León y Villaquilambre, y Ciudadanos de la capital. Los servicios jurídicos municipales de San Andrés emprendieron acciones legales, tras acordarse en Pleno, para anular un acuerdo que veían «contrario a derecho», y el tribunal acaba de ratificar que aquella asamblea no respetó la normativa. El juez no entra a valorar, si atendiendo a los estatutos de la mancomunidad y de la sociedad mixta, «sería necesario u obligado mantener una proporcionalidad entre los candidatos propuestos por la asamblea de concejales de la entidad para formar parte del Consejo de Administración de Serfunle S.A.», ni si hay que garantizar «la participación de los tres ayuntamientos integrantes de la mancomunidad en tal Consejo de Administración». Sin embargo, sí aprecia que la designación debería haberse efectuado en una asamblea extraordinaria, convocada en los 30 días siguientes a la sesión constitutiva y con un orden del día «comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle». Una normativa que, según el magistrado, no se respetó y que justifica la anulación de la designación de representantes. El juez no se pronuncia tampoco sobre la pertenencia de los seis candidatos a un grupo político concreto y ayuntamiento.
Motivaciones que sí denunció PSOE-PAL. El asesor jurídico del Ayuntamiento de San Andrés advertía en un informe sobre la exclusión de cualquiera de los consistorios, que podría incurrir en un ilícito penal».