El Constitucional responderá primero a la propuesta de Monserrat y Triana
El Alto Tribunal tiene paralizado el recurso de amparo hasta que haya una sentencia firme.
Fachada del Tribunal Constitucional. DL
miguel ángel zamora | león
El Tribunal Constitucional resolverá en primer lugar el recurso de amparo presentado por Montserrat González y Triana Martínez, que alegan la vulneración de derechos fundamentales suyos especialmente en la fórmula empleada para obtener la confesión de la madre, antes de contestar al previsible recurso que la representación procesal de Raquel Gago elevará al Alto Tribunal una vez se ejecute su ingreso en prisión.
El recurso de amparo fue presentado hace ya tiempo, pero inicialmente el TC respondió que en tanto en cuanto la sentencia al caso no fuera definitiva, no podría pronunciarse.
Un recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional. Es objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.
La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso.
Gago dispondrá de entre veinte y treinta días para presentar el suyo a partir de que se convierta en firme la sentencia por la que se le condena a catorce años de prisión. El hecho de interponer el recurso no supone que pueda acogerse a la suspensión provisional del ingreso en la cárcel.
Las decisiones de inadmisión adoptadas por las secciones o las salas del Tribunal Constitucional deben especificar el requisito incumplido y sólo pueden ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal.
Sigue su tramitación la querella presentada contra el policía jubilado al considerarse que cometió un presunto delito de falso testimonio en causa judicial, aunque este apartado se dilucida en el juzgado de Instrucción número 5 de los de León.