El Pleno aprueba revisar la tasa del agua como obligaba una sentencia

p.i. | san andrés

La Corporación de San Andrés del Rabanedo ha dado luz verde definitiva a la revisión de la tasa por suministro de agua potable y conservación del alcantarillado aprobada de manera inicial el pasado mes de octubre para cumplir con la legalidad. El Pleno celebrado ayer logró hacer efectiva esa actualización con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE-PAL), la abstención del Partido Popular, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés y el voto en contra de Izquierda Unida.

De esta forma, el Ayuntamiento dará cumplimiento a la sentencia judicial que reconoce a la empresa adjudicataria el derecho a la actualización de la tarifa, de acuerdo a la fórmula que se fijó por contrato en el año 1996, cuando se privatizó este servicio. En los últimos veinte años no se habían producido revisiones de los precios, lo que generó una deuda de casi seis millones de euros para las arcas municipales; un déficit que se incrementaría a razón de 250.000 euros al trimestre en caso de no haberse adoptado esta medida. «Las arcas no pueden soportar que la deuda con la empresa siga subiendo por no aplicar un derecho reconocido por contrato y al que, además, nos obliga un juez», señaló en la sesión el equipo de Gobierno, que también ubrayó que en la actualidad son los propios ciudadanos los que en última instancia asumen el coste de este incumplimiento que se ha prolongado durante dos décadas.

Por otro lado, el restrictivo Plan de Ajuste al que está sometido el Consistorio desde el año 2012, y que ha sido definido como ley por la secretaría municipal, obliga a que todos los servicios se autofinancien, lo que implica que no pueden ser deficitarios como ocurría con el agua.

Además, el Ayuntamiento de San Andrés ha alcanzado un acuerdo con la concesionaria del servicio que se traducirá en una inversión de 4,5 millones de euros en varias anualidades y que se materializará en 2017 con la firma de un convenio. Contempla un desembolso anual de 150.000 euros en el municipio, de los que 120.000 se invertirán en la necesaria renovación de las redes de suministro y alcantarillado, mientras, los 30.000 euros restantes se destinarán a un Plan Social de Emergencia que incluirá ayudas para aquellas familias con dificultades económicas para afrontar el pago de un bien de primera necesidad como es el agua.

Sólo Izquierda Unida votó en contra de incrementar la tarifa, porque ya se oponían, según recordaron, a la privatización del servicio en el año 1996, así como a la revisión del contrato del agua.