San Andrés pone freno al vandalismo con una ordenanza de convivencia

p. infiesta | san andrés

Talar o arrancar los árboles de los parques y vías públicas, incendiar contenedores u otros enseres del mobiliario urbano y obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos de San Andrés del Rabanedo acarreará multas de 1.000 a 3.000 euros para los infractores. Así consta en la nueva ordenanza municipal sobre protección de la Convivencia Ciudadana y prevención de Actuaciones Antisociales que ayer aprobó el Pleno con los votos en contra de IU y la abstención del PP.

Disparar petardos, cohetes u otros artículos pirotécnicos, realizar pintadas en los bienes públicos y arrojar basuras a la calle o la red de alcantarillado reportarán también sanciones de 500 a 1.000 euros, mientras escupir o hacer las necesidades en las vías públicas, no recoger las deposiciones de las mascotas, practicar acrobacias con patines y bicicletas en el mobiliario urbano o tender la ropa a la calle se castigará con hasta 500 euros si no surte efecto el aviso de prohibición.

La alcaldesa socialista, María Eugenia Gancedo, aseguró que en temas de conductas antisociales e incívicas a la hora de tipificar «no sobra nada, porque se trata de garantizar el respeto hacia lo público». También negó, como achaca IU, que la ordenanza tenga afán recaudatorio, ya que se dará la oportunidad a los infractores de evitar la multa si reponen el bien dañado. «Lo que pretende es reeducar para que exista respeto a lo público», indicó. El concejal impulsor del documento, Francisco Gómez, insistió en que incluye las conductas que puedan suponer un menoscabo del patrimonio público en el ámbito municipal. También dijo que el objetivo es procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en el municipio, actuando como respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno y como un instrumento de disuasión para quienes con sus actitudes antisociales causan daños en el mobiliario urbano, en parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en señales de tráfico, instalaciones municipales u otros bienes.

Los populares justificaron su abstención en que no se recogía una de sus alegaciones, mientras Ciudadanos valoró la inclusión de sus aportaciones y la necesidad de disponer de una norma para la convivencia. UPL, grupo al que estimaron 9 de sus 11 alegaciones, considera que se logró una ordenanza «justa, equilibrada y contundente para mantener a raya los actos vandálicos». Sólo IU discrepó al entender que «se generan más problemas de los que se intentan solucionar, ya que existen normativas sancionadoras suficientes».

El equipo de Gobierno recordó que sólo en 2016 se habían quemado 20 contenedores, lo que supone un fuerte desembolso para reponerlos.