PROCESO DE LIQUIDACIÓN
La Audiencia ratifica la culpabilidad de los directivos en la liquidación de Everest
La sentencia elimina la responsabilidad solidaria de la matriz del grupo para cubrir el déficit concursal de la editorial.
El proceso de liquidación de Everest da un paso más con la sentencia de la Audiencia Provincial. JESÚS
maría j. muñiz | león
La Audiencia Provincial de León ratifica la culpabilidad de los hermanos Miguel y Alberto López Varela, como administradores de Editorial Everest, en la gestión de la compañía leonesa que acabó con la liquidación de la sociedad; y estima en parte el recurso de apelación del grupo Everest Comunicación sobre la responsabilidad solidaria en el pago del déficit concursal que aquella genere. La sentencia confirma así la decisión el Juzgado de lo Mercantil de León, en una decisión contra la que cabe aún interponer recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La liquidación de la histórica empresa leonesa está pendiente de resolverse definitivamente, y con ello la deuda que mantiene con sus trabajadores y con sus acreedores.
Tanto los dos hermanos que administraron la empresa entre noviembre de 2012 y junio de 2015 (cuando se abrió la fase de liquidación) como el Grupo Everest Comunicación presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la decisión del Juzgado de lo Mercantil dentro del proceso de concurso y posterior liquidación de la compañía.
sentencia
El 3 de mayo del año pasado el juzgado dictó sentencia en la que declaraba culpable del concurso de Everest a la empresa, y condenaba a Miguel y Alberto López Varela a inhabilitación para administrar bienes ajenos por un plazo de dos años; además de la pérdida de cualquier derecho que como acreedores tuvieran en el proceso. Además, les declaraba responsables de la cobertura del eventual déficit que resulte de la operación de liquidación del concurso, hasta el límite de 13.300.802,24 euros, y de manera solidaria con el Grupo Everest Comunicación. Grupo al que condenaba también como cómplice a la devolución de los 13.483.578,08 euros «indebidamente obtenidos de la caja de la concursada».
La Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por los dos hermanos (hijos del fundador del grupo editorial); y estima en parte el recurso de Grupo Everest de Comunicación, suprimiendo la declaración de responsabilidad solidaria. En su recurso el grupo apelaba a la «incongruencia de la sentencia», ya que considera que condenarles a devolver los casi 13,5 millones de euros que se le trasladaron de forma fraudulenta desde la concursada y declararles además responsables solidarios del pago de las deudas hasta un límite de 13,3 millones de euros supone de hecho imponerles una condena que suma 26,784 millones de euros.
La Audiencia considera que sí se acumula así a la indemnización por daños y perjuicios que se concede en la devolución del crédito, por lo que suprime esta declaración de responsabilidad solidaria.
El Juzgado de lo Mercantil calificó el concurso de acreedores como culpable, debido a «una gestión indebida de los recursos humanos», y porque «fueron insuficientes las medidas de ajuste de gasto de personal con los expedientes de regulación de empleo, porque la sociedad carecía ya de actividad, y se generaron nuevos créditos salariales y tributarios».
Agravada
Además, ratifica que la situación de insolvencia del grupo editorial se agravó al «permitir la salida de dinero de la concursada hacia la sociedad matriz del grupo, por 13.483.578,08 euros». El Mercantil destacó también en su sentencia las «irregularidades contables relevantes, que afectan a la pérdida de existencias, el crédito con la matriz y los costes por servicios prestados por otras empresas del grupo».
Respecto a los administradores, Miguel y Alberto López Varela, considera que cuando se abrió la fase de liquidación «agravaron de manera gravemente negligente la situación de insolvencia, por no tomar las medidas necesarias de contención de gasto de personal»; además de descapitalizar la sociedad en favor del grupo.
Señala además la sentencia del juez de lo Mercantil que las cuentas anuales de la empresa «incurren en graves irregularidades, que impiden un conocimiento fidedigno de la situación patrimonial y financiera de la sociedad». Que se traduce en una sobrevaloración de la partida de existencias, que pasó de 13,3 a 20,7 millones en el último ejercicio «sin justificación».