León renuncia al impuesto de plusvalías en operaciones con pérdidas de valor

l. u. | redacción

El Ayuntamiento de León suspende el cobro del impuesto de plusvalías en las operaciones inmobiliarias que arrastren pérdida de valor en el tránsito entre la compra y la venta. Esta incidencia en la parrilla de tributos se aplicará tras lograr el apoyo mayoritario del Pleno una moción del grupo Ciudadanos, que subrayó en el enunciado la regulación del impuesto sobre plusvalía regulado en la ordenanza municipal. «Que no se giren documentos de pago de ninguna plusvalía en las que el importe de la venta sea inferior al de la compra», expuso Gemma Villarroel, portavoz municipal de Ciudadanos en la lectura de una moción que es una réplica colateral a una sentencia del Supremo que pone en cuestión este sistema impositivo. La indicación del grupo naranja recibió el parabién del concejal de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, ávido al alertar a la corporación sobre las consecuencias económicas que arrastrará para las arcas municipales mantener el cobro del impuesto en plena oleada de sentencias revocatorias en los tribunales. «Con excepcionalidad por el desencuentro con Ciudadanos —justificó Sendino— apoyaremos esta propuesta; cuando está demostrado que los tribunales fallan contra del impuesto, el empecinamiento derivará que al final acabarán las arcas municipales por correr además con cargas, costas y intereses», abundó el concejal de UPL a la exposición de motivos que relató Villarroel para justificar la petición. «Ya sabemos que es una competencia a nivel estatal, pero si podemos por una vez ahorrarle un disgusto al ciudadano, o no colapsar los tribunales, como con las cláusulas suelo, pues deberíamos tenerlo en cuenta; porque todas las reclamaciones que llegan a los juzgados terminan por darle la razón al ciudadano ante lo injusto de pagar a pesar de perder valor entre una compra y una venta», dijo Gemma Villarroel. El PSOE enfrentó réplica : «No estamos en contra de que no se devuelva dinero, pero la ley está vigente y sólo cuando se declare inconstitucional corresponde corregir la normas o modificar la ordenanza», expresó Luis García Copete. Más allá fue Oscar Fuente, de León Despierta: «Ya advertimos de que los más beneficiados por su retirada iban a ser las entidades bancarias». Al PP no le hizo falta intervenir para llevar adelante la moción.