Las administraciones leonesas han elevado 3.500 preguntas al Consultivo
La provincia lidera las consultas realizadas al órgano autonómico desde su creación en 2003.

Silvia Clemente y Mario Amilivia, durante la presentación de la memoria del Consejo Consultivo. DL
dl | león
A lo largo de los casi quince años de vida del Consejo Consultivo de Castilla y León las administraciones de la provincia han elevado al órgano autonómico casi 3.500 consultas, lo que sitúa a León a la cabeza de las preguntas realizadas. El importante número de entidades locales de la provincia, así como que cuente con la única comarca reconocida y el volumen de la población explican esta circunstancia, según fuentes del órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación de las administraciones.
El Consejo Consultivo presentó esta semana la memoria correspondiente al ejercicio de 2016, en el que un 17% de los dictámenes jurídicos (87 de los 513 enitidos) derivaron de las consultas iniciadas en la provincia. La mayor parte de ellas, en concreto 57, se realizaron por corporaciones locales, otras 29 por consejerías de la Junta y una por la Universidad de León.
Temática
Respecto a los temas consultados, en 64 informes tenían que ver con la responsabilidad patrimonial, otros 11 se derivaron de consultas de contratación administrativa, tres más fueron de consultas sobre modificación de planes urbanísticos y uno sobre concesión administrativa.
Además de estos dictámenes, el Consejo Consultivo aprobó un dictamen facultativo, derivado de la consulta del Ayuntamiento de León en relación con la aplicación de las directivas comunitarias que regulan la constratación administrativa sobre la encomienda de gestión a Somayl y referente al alumbrado público.
En relación a la depuración de la responsabilidad patrimonial, 23 de los 64 dictámenes fueron por consultas sobre reclamación de indemnizaciones por daños causados a ciudadanos por el deficiente estado del mobiliario urbano (aceras, sobre todo, de León, Ponferrada o San Andrés del Rabanedo); 15 por reclamaciones en accidentes registrados a causa del mal estado de algunas calzadas; 13 lo fueron por reclamaciones en el ámbito de la sanidad (fundamentalmente por supuestos de mala praxis); 8 por reclamaciones de daños generados por distintos servicios municipales; 3 por reclamaciones en siniestros con la concurrencia de atropello de animales y uno respectivamente por daños de la fauna en explotaciones y por daños durante la actividad profesional de un empleado público. Las 64 consultas de responsabilidad patrimonial alcanzaron 1.751.000 euros en cuanto a las reclamaciones solicitadas, aunque de la depuración de la mismas por parte del Consultivo se emitieron 20 dictámenes estimatorios y estimatorios parciales (ratificando que sí existió responsabilidad patrimonial), 42 desestimatorios y en dos supuestos no procedió la emisión del informe.
El presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, destacó en el Pleno, presidido por la titular de la Cámara autonómica, Silvia Clemente, que desde la «independencia», la «eficacia y eficiencia» y «calidad» de los dictámenes emitidos por este órgano de control «se ha aportado una garantía jurídica, una garantía de legalidad para la Administración y los administrados».
complejidad
Informes, algunos de ellos en el caso de la provincia leonesa, que no solamente han tenido una «gran complejidad jurídica», sino también una «importante trascendencia pública» y «hemos podido comprobar con satisfacción cómo la auctoritas del Consejo se ha visto reforzada al haber sido aceptados los dictámenes por las administraciones que los solicitaron».
Pese a no ser vinculantes para las administraciones, a excepción de algunos de ellos, su grado de seguimiento en 2016 fue del 97,07%.