TRIBUNALES
La Diputación y Alejandro de Pedro, investigado por la trama leonesa de la Púnica, pleitean por la deuda de 7.200 euros
La institución afirma que no había contrato y el investigado presenta facturas de sus trabajos
m.a.z. | león
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León celebró el pasado miércoles el juicio correspondiente a la demanda presentada por Alejandro de Pedro Llorca, investigado por la pieza separada de la trama leonesa de la Operación Púnica, contra la Diputación Provincial de León, a la que reclama 7.200 euros en concepto de trabajos de mejora de la reputación on line del entonces presidente Marcos Martínez Barazón. La noticia la adelantaba a primera hora de ayer ileon.com y era confirmada después por fuentes judiciales.
De Pedro se presentó de forma inesperada en el juzgado. Este periódico trató de contactar en reiteradas ocasiones con él a lo largo de la mañana de ayer, pero no fue posible recabar su opinión. Anteriormente había sido preguntado por este medio respecto a otra cuestión pero entonces declinó realizar declaraciones.
Sí las hizo Alejandro García Moratilla, el representante legal de la Diputación Provincial en este asunto: «Nosotros lo único que decimos es que se está reclamando unas cantidades correspondientes a unos trabajos que no sabemos por qué se hicieron, porque no había contrato. ¿Que la otra parte dice que tiene facturas? Sí, eso lo sabemos y las han presentado en el juicio, eso lo reconocemos, pero lo que no nos explican es quién les contrató para realizar esas labores y por qué motivo».
Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que la sentencia a este asunto estará lista en un plazo de entre dos y tres semanas aproximadamente, a pesar de la importante carga de trabajo que soportan en la actualidad los juzgados de los Contencioso-Administrativo de la capital en estos momentos.
Alejandro de Pedro deberá de responder en la Audiencia Nacional de una serie de delitos por los que se le mantiene en condición de investigado, junto al ex presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, el anterior interventor, Manuel Jesús López y el coordinador de la Diputación Pedro Vicente Sánchez. También están imputados empleados de Madiva.