INVESTIGACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Anticorrupción tiene listo el escrito de acusación de la Operación Púnica
De Pedro exige incorporar al sumario varios SMS y llamadas y retrasa la pieza leonesa
miguel ángel zamora | león
El escrito de acusación de la fiscal anticorrupción para la pieza leonesa de la Operación Púnica está redactado ya y solamente se encuentra a la espera de que se resuelvan varias cuestiones planteadas por Alejandro de Pedro para emitirlo y hacer entrega a las partes de su contenido, con el objeto de que a continuación elaboren los de defensa.
La acusación popular ya ha hecho entrega del suyo y propone una pena de quince años de prisión para Marcos Martínez, anterior presidente de la Diputación, once años para Jesús López, que fuera interventor en la etapa de los hechos y nueve años de cárcel para Pedro Vicente Sánchez, coordinador de la Diputación.
De Pedro presentó a finales de abril un escrito en el que insiste en reclamar que se incorporen a la causa el contenido de los 25 mensajes SMS y 12 llamadas de teléfono que intercambió con integrantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta pocos días antes de su detención en octubre de 2014. Fuentes de la defensa del experto informático aseguran que buena parte de los 80.000 euros en efectivo que se le intervinieron en su casa cuando fue arrestado procedían de los trabajos que realizó para dicho organismo de inteligencia.
La situación se ha enquistado con la decisión del juez instructor, Eloy Velasco, de solicitar su traslado a una nueva sala para abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de los de la Audiencia Nacional, por lo que los escritos, que deberían estar listos ya desde hace un tiempo, aguardan a que se cumplan los plazos procesales para ver la luz.
PIDEN QUINCE AÑOS DE CÁRCEL
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ya ha presentado su escrito como acusación popular. Según esta parte, Martínez Barazón es presunto autor de fraude, revelación de secretos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos.
El escrito, que obra en poder de este periódico, considera que Manuel Jesús López Sánchez, interventor de la Diputación en aquella etapa, es supuestamente autor de los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos, por lo que propone una pena de once años de prisión.
Para Pedro Vicente Sánchez, en su calidad de coordinador de la Diputación, la asociación propone una pena de nueve años de prisión, que se sumarían por los epígrafes penales de fraude, cohecho y malversación que presuntamente habría cometido en relación con estos hechos, según su versión.