El pulso de los preferentistas con Hacienda llega al Defensor del Pueblo
Los afectados denuncian pérdidas en las ayudas a depencia y becas por la tributación exigida.
Una de las asambleas celebradas en León por la Asociación de Afectados por las Preferentes. MARCIANO
maría j. muñiz | león
El pulso de los afectados por las participaciones preferentes y deuda subordinada de las antiguas cajas de ahorro con la Agencia Tributaria llega al Defensor del Pueblo. Quienes han ganado en los juzgados a las entidades financieras están teniendo que enfrentarse a una reforma e interpretación de la Ley General Tributaria que, según denuncian las plataformas en las que se agrupan y sus abogados, no sólo «ni son justas ni se ajustan a la legalidad», sino que les están haciendo perder prestaciones como las de dependencia o las becas.
El presidente de la Asociación de Afectados por las Preferentes de España Duero, Basilio Garmón, llevó el caso al Procurador del Común de Castilla y León, donde presentó una queja por escrito sobre el tratamiento fiscal que se da a las sentencias de preferentes y subordinadas. «Y que está suponiendo la pérdida o disminución de ayudas a la dependencia, becas o renta de inserción». Tras una reunión, el organismo autonómico señaló que la cuestión traspasa las competencias autonómicas, por lo que se traslada al Defensor del Pueblo.
Es un paso más en la larga lucha que los preferentistas llevan a cabo contra la decisión de Hacienda en todos los campos, y que pretende que el ministerio dé marcha atrás en su decisión de gravar las devoluciones como incremento del patrimonio. Desde la Agencia Tributaria les han señalado que si la causa de disminución de las prestaciones se debe a la declaración de ingresos por las preferentes, «es cuestión de interponer un recurso ante los organismos que conceden las ayudas».
El pulso de los afectados con la Agencia Tributaria se libra también en los gobiernos autonómicos. En Castilla y León el Grupo Socialista presentó ante las Cortes una proposición no de ley reclamando a la Junta que exija al Gobierno central la modificación de las decisiones fiscales que perjudican a los afectados; en la que incide sobre todo en el problema de la tributación de las costas judiciales.
El parlamento riojano ya aprobó (apoyada por todos los grupos) una resolución por la que insta al ministro de Hacienda a suprimir la tributación de las costas y a adoptar medidas compensatorias para quienes ya hayan pagado.
Tanto la PNL socialista de Castilla y León como un informe emitido por la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) señalan la «injusticia» del tratamiento fiscal al que se somenten la devolución y las costas de quienes ganan en los tribunales a las entidades financieras que comercializaron las participaciones preferentes y la deuda subordinada.
Destacan también que muchos de los ahorradores perjudicados por la comercialización de estos productos tienen pocos ingresos, o son personas mayores que ni siquiera tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Sin embargo, la victoria judicial les lleva a un problema con Hacienda, ya que tienen que afrontar pagos que a veces les suponen un verdadero problema.