Blanco pide ‘liberarse’ del área de Personal por motivos laborales

p. infiesta | san andrés

El concejal socialista Santiago Blanco, uno de los hombres fuertes del equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo, ha pedido ‘aligerar’ la mochila de sus responsabilidades en el Ayuntamiento por motivos laborales ajenos al Consistorio. El edil, abogado de profesión, asumió a comienzos de legislatura las carteras de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Régimen Jurídico, Industria y Contratación, sobre las que ha recaído el grueso del trabajo municipal para regularizar la situación administrativa, que se encontraba bloqueada. Según ha podido confirmar este periódico, Blanco ha comunicado de forma extraoficial a la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, su intención de ‘liberarse’ al menos del área de Personal, y continuar con el resto de secciones. En los próximos días formalizará su renuncia con un escrito en el registro municipal. La regidora valora ahora a quién asignará la árdua cartera de Personal, donde queda por resolver la situación de la productividad de los trabajadores, tras el varapalo de los tribunales para reintegrar esas cuantías suspendidas en el segundo semestre del año pasado a los funcionarios. La idea de PSOE-PAL trasladada por Blanco es la necesidad de meter en cintura el gasto del Consistorio mermando los 600.000 euros que supone al año el pago de la productividad. Se ha planteado una cuantía lineal para cada empleado de 200 euros.

En el lado positivo, y después de años de reivindicaciones para poner orden en la plantilla con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento ya está encargado por 45.000 euros y muy avanzado a la hora de definir en detalle cada uno de los 300 puestos de trabajo, las funciones y las retribuciones. Blanco, que impulsó el primer presupuesto del Ayuntamiento en cinco años, tras varios ejercicios prorrogados, asume ahora, además, el reto de la trasformación a la administración electrónica. El Ayuntamiento de San Andrés se ha sumado al acuerdo entre la administración general del Estado y la Junta para la implantación de una red de oficinas integradas en el ámbito de la comunidad autónoma que permita digitalizar la actividad administrativa. El equipo de Gobierno aspira a una administración más cercana «a golpe de click». El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar que tanto las oficinas de registro de la administración autonómica como las entidades locales puedan intercambiar electrónicamente la documentación registral que los ciudadanos presenten en soporte papel. Con esta medida, todos los documentos serían digitalizados, eliminado el papel y las fotocopias, así como todos aquellos gastos derivados de los envíos postales, posibilitando un ahorro de más de 127.000 euros.