La Cámara de la Propiedad pide a los 211 ayuntamientos de la provincia que paralicen el impuesto de las plusvalías

dl | león

La Cámara de la Propiedad Urbana de León ha enviado una carta a los 211 ayuntamientos de la provincia instándoles a la «paralización de las liquidaciones de plusvalía municipal, de todas, y no solo de aquellas en las que se haya producido una pérdida en la transmisión».

En un comunicado hecho público ayer, esta entidad explica que esa petición responde a la publicación de las tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma que faculta a los ayuntamientos a cobrar el impuesto para los supuestos en que no hay incremento de valor y otras tres de Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo que anulan «la base legal que permite el cobro del impuesto». En el caso de que no haya habido incremento de valor, la Cámara solicita que se devuelvan «los importes efectivamente liquidados en vía administrativa, es decir, sin que el afectado tenga que acudir a los tribunales reclamando lo indebidamente pagado». Para el caso de que se haya producido una efectiva plusvalía, también solicita la Cámara la suspensión del cobro, «dado que el Tribunal Supremo ha anulado la fórmula de cálculo aplicada hasta ahora por los ayuntamientos, con lo cual, a día de hoy la Plusvalía Municipal no dispone de una base legal que permita su liquidación y cobro», explica en el mismo comunicado.

Con esas medidas, añade, se evitará que los afectados interpongan reclamaciones judiciales, «que casi con seguridad conllevarán condena en costas, y no solo eso, sino que evitará también la crispación que produce que la administración más cercana al ciudadano opte por la recaudación por encima del principio de legalidad». Esta medida ha sido tomada por la Confederación de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que representa a más de 160.000 propietarios, «sin que por ello aboguemos por una merma de ingresos de los ayuntamientos».

Lo que piden es que sea un gravamen que tenga en cuenta «la capacidad económica de las personas y la obtención de un beneficio, y que el importe resultante no sea confiscatorio».