La Junta regulará la competencia del sector de Uber y Cabify a los taxistas

álvaro caballero | león

Pese a que las competencias reguladoras son «residuales», puesto que la legislación compete en su mayoría al Estado, la Junta aprobará «en dos o tres meses» un decreto para exigir «de forma obligatoria que se identifiquen» los vehículos de alquiler con conductor, como adelantó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El texto, cuyo borrador fue sometido ayer al criterio del Consejo Regulador del Transporte, marcará las directrices para facilitar «las labores de inspección y control», incidió el responsable del Ejecutivo autonómico, quien abundó en que se busca «evitar que haya ámbitos de invasión que están reservados para el taxi» y en los que entren estas empresas, como Uber o Cabify. «Cada cual tiene su nicho de trabajo regulado por unas normas que se van a respetar», recalcó el político leonés.

El borrador del decreto elaborado por los responsables de la Junta establece que los vehículos de alquiler con conductor deberán exhibir una identificación en el ángulo superior derecho de la luna delantera y otra en el inferior derecho de la trasera. La pegatina, similar a la que se utiliza para la ITV, marcará «los meses y el año en que el titular de las autorizaciones deberá proceder al visado de sus autorizaciones», como se recoge en el documento. El objetivo de esta regulación desarrollada es, como recalcó Juan Carlos Suárez-Quiñones tras la reunión del Consejo Regulador del Transporte, «que los usuarios sepan que «está autorizado y cumple con las garantías de seguridad». El texto cita que se las medidas adoptadas contribuirán a «evitar el intrusismo y la competencia desleal que puedan afectar tanto a las empresas de arrendamiento con conductor como al sector del taxi, mediante la identificación de los vehículos amparados por una autorización legal», lo que los distinguirá «con respecto a los que no gozan de la correspondiente autorización».

La regulación ayudará a «la inspección que hace la Junta, apoyada en otros entes», y con la que se «solicita información, registros y el cumplimiento de los requisitos», expuso el consejero. Entre ellos figura que «estén en un lugar adecuado, no en una parada de taxi esperando por un viajero» o en circulación por las vías públicas en busca de clientes, cuyo servicio debe tener contratado de antemano, y que prestan como mínimo el 80% de sus servicios en trayectos que discurren, aunque sea parcialmente, en la Comunidad en la que recibieron la autorización.

El nuevo decreto afectará a un sector en el que hay registradas en la provincia leonesa en la actualidad 12 empresas y un total de 77 autorizaciones, dentro de las 55 y 340, respectivamente, que hay en la Comunidad. Las cifras se mantienen desde el 23 de noviembre de 2015, cuando el Gobierno retocó la regulación y asentó como ratio una licencia de vehículos de alquiler con conductor por cada 30 de taxi. El parámetro, que ya estaba superado, hizo que se denegaran 69 autorizaciones, aunque la incertidumbre se mantiene a la espera de la resolución del recurso de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que podría acabar con la liberalización total del sector.

Suárez-Quiñones informó además de que la reunión sirvió para avanzar en la futura Ley de Transporte de Castilla y León. La Junta, según concedió el consejero, está «trabajando intensamente» para poder presentarla. La normativa tiene que aprobarse de manera obligatoria debido a que no cabe la opción de prorrogar más las concesiones, como admitió el consejero.