Interior clasificará los hospitales y los centros de salud según su peligrosidad

miguel ángel zamora | león

El Ministerio del Interior clasificará los hospitales y centros de salud de la provincia para elaborar un ránking de peligrosidad, en el marco de las medidas adoptadas como consecuencia de la creación de la figura del interlocutor policial sanitario, que fue aprobada este verano por el Ejecutivo y puesta en marcha recientemente por la subdelegación del Gobierno de León.

La medida se establece para determinar en qué centros es necesario reforzar la vigilancia y cuáles pueden necesitar menos atención del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que han nombrado ya al inspector Roberto Gavela en el caso de CNP y al teniente coronel José Rodríguez Míngens, en el caso de la Benemérita, responsables de este apartado.

En el último ejercicio del que se tienen datos, León registró 48 agresiones a profesionales de la salud en los centros adscritos a la capital y once más en el caso de El Bierzo. Entre los de León, 26 fueron en el Complejo Asistencial Universitario de la capital y 22 en centros de atención primaria. Los incidentes fueron 48 y los trabajadores heridos por agresiones físicas o verbales se elevaron a 58. En el caso del área de Ponferrada, hubo cinco ataques en el Hospital del Bierzo, seis en los centros de salud de la comarca y en ninguno de ellos, a diferencia de la capital, resultó dañado más de un profesional de la medicina.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollarán un catálogo de centros médicos que diferenciará los que disponen de medidas o medios de seguridad permanente, de aquellos que los poseen parcialmente o que carecen de los mismos. También clasificarán por riesgo la acción delictiva y dejarán constancia de los lugares de ubicación de cada uno de los centros médicos existentes en cada demarcación policial para su correcta integración con los planes de seguridad, entre otras medidas.

Realizarán actividades formativas dirigidas a los profesionales de la salud sobre la prevención y autoprotección haciendo también especial hincapié en las cometidas sobre dicho colectivo a través de redes sociales (usurpación de identidad, injurias, calumnias…), procurando fomentar e impulsar la interposición de denuncias por partes de los profesionales de la salud.

Además, se establecerán, anualmente, dos periodos de carácter mensual de intensificación de los servicios, en los meses de mayo y octubre. Adicionalmente, podrán ser activados, por parte de los jefes de las demarcaciones territoriales, en función de la evolución de la criminalidad y la detección de un incremento de la incidencia de esta problemática.

Los interlocutores policiales territoriales sanitarios asumirán la responsabilidad de la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio. Estos expertos serán el punto de contacto permanente con los responsables de los centros médicos.