Gersul pacta pagar 22 M€ a la concesionaria del CTR por facturas impagadas e intereses

álvaro caballero | león

El pleito abierto por la UTE del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) contra el consorcio provincial (Gersul) no se resolverá en los tribunales. Los responsables del organismo en el que se integran los ayuntamientos leoneses ultima el acuerdo extrajudicial para liquidar alrededor de 22 millones de euros de la deuda reclamada por las empresas implicadas, FCC y Urbaser. El pago se ajusta a los 14,9 millones de euros de las facturas de final de 2009 y todo el ejercicio 2010, más una cantidad cercana a los 7,2 millones de intereses de demora, pese a que las pretensiones iniciales de las empresas superaban incluso los 15 millones de euros por este concepto. No serán al final los más de 28 millones que perseguían las sociedades privadas, ni tampoco los apenas 10 que defendían los técnicos que decidieron poner reparos hace 8 años al incremento de hasta un 64% del capítulo de personal que acordó de manera unilateral la concesionaria y repercutió en las administración pública.

Los 22 millones de euros que se espera cerrar en los próximos días cerrarán un conflicto abierto en el año 2009. Entonces, FCC y Urbaser decidieron acometer un incremento del capítulo de personal de hasta un 64%, en el que estaba incluido tanto el aumento de las nóminas de los trabajadores como la incorporación de nuevos efectivos al servicio de tratamiento de residuos, radicado en las instalaciones de San Román de la Vega. A la subida se opusieron los funcionarios que ejercían como secretario e interventor del consorcio, responsables de fiscalizar la gestión, quienes asentaron en un informe que la jurisprudencia era unánime al contemplar que unas variaciones como las experimentadas de esta forma en el convenio colectivo tenían que ser asumidas por completo por parte de las empresas concesionarias, no por las administraciones públicas.

Actualización del canon en 2011

Las posturas se enquistaron hasta la entrada del año 2011. Gersul terminó por adoptar un acuerdo dentro de la asamblea, a propuesta del presidente en esos momento, Cipriano Elías Martínez, para actualizar el canon concesional a la cifra que exigían las empresas. No se motivó como parte de un posible desequilibrio económico financiero, sino como simple adecuación al servicio que justificaba la UTE, que a partir de esa fecha empezó a cobrar la factura a razón de 1,19 millones de euros mensuales y con las actualizaciones progresivas hasta ahora.

Pese a esta normalización de los pagos, las facturas de final de 2009 y todo 2010 se han mantenido todos estos años como objeto de litigio entre las dos partes pese a los cambios sucesivos de corporaciones, asambleas y juntas de gobierno del consorcio. Ahora, los actuales responsables del organismo, que sigue comandado por la Diputación Provincial pese a que el Ayuntamiento de León cuenta con más votos —1 por cada 1.000 habitantes—, han decidido no esperar al criterio del juzgado de lo contencioso administrativo número 1, donde se mantenía a la espera de dictamen.

El acuerdo, negociado con insistencia sobre todo durante el último mes, está a la espera del visto bueno definitivo, después de que a finales de la semana pasada ya se pusiera sobre la mesa el convenio con las cifras exactas de pago y se abogara por cerrarlo antes de que acabe el año. El documento, toda vez que sea rubricado, tendrá que pasar por la junta directiva y por la asamblea de Gersul, antes de hacerse firme y que lo cobren las empresas implicadas.

No será la primera vez que una de las dos, Urbaser, llega a un acuerdo antes que haya sentencia. En 2015 ya cobró 10,6 millones del Ayuntamiento de León por los intereses arrastrados, amparados en un convenio de 2010 y a pesar de que había ingresado casi 80 dentro del plan estatal de proveedores, que requería renunciar a las demoras.