SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

El PP critica que se grave con 100 euros más a cada vecino

Recuerda que se han subido tres impuestos y dos tasas desde 2015.

Los cinco concejales del PP en San Andrés, en una sesión plenaria del Ayuntamiento. FERNANDO OTERO

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León

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p. infiesta | san andrés

El Partido Popular asegura que las subidas de tasas e impuestos que ha aprobado el equipo de gobierno del PSOE-PAL que dirige la socialista María Eugenia Gancedo desde 2015 suponen para cada ciudadano, de media, un desembolso de 100 euros más. Recuerdan que desde que comenzó esta legislatura, se ha subido el IBI, la tasa del agua y de la basura, y los impuestos de Actividades Económicas y Vehículos. Además, el de Obras y Construcciones y las tasas que regirán el Centro de Día esperan su aprobación definitiva después de publicarse su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia y estar a la espera de alegaciones. «Con estos incrementos, San Andrés del Rabanedo se sitúa ya en uno de los municipios de España con mayor carga impositiva».

Los servicios se resienten

Los concejales del PP valoran que se trata de una auténtica «sangría» para el bolsillo de los ciudadanos del municipio y que supone un «gran esfuerzo» para cuadrar sus economías domesticas. «Llama mucho la atención que sea precisamente el Partido Socialista Obrero Español el que haya adoptado en San Andrés la fórmula de responsabilizar a los ciudadanos del derroche que ellos mismos hicieron cuándo gobernaron», indican los populares, quienes inciden en que «a la situación que vive hoy el municipio se ha llegado después de casi dos décadas de derroche socialista».

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Para los populares resulta «paradójico» que pese al desembolso que tienen que hacer los ciudadanos, los servicios que presta el Ayuntamiento «son cada día más deficientes. A la vista está, sólo es necesario recorrer el municipio para comprobar que la suciedad y la dejadez campan a sus anchas mientras el equipo de gobierno anuncia inversiones que nunca llegan, porque las únicas que llegan son de otras administraciones públicas, como es el caso de la Junta de Castilla y León», remarcan.