La Diputación y la Junta frenan la pugna por la propiedad de la finca de Boñar

A. G. Puente | redacción

La batalla entre la Diputación y la Junta por la propiedad de la finca de Boñar —con una extensión de quince hectáreas dedicadas en teoría a la experimentación ganadera— se remonta a la primavera de 2013 cuando la institución provincial considera que la Consejería de Agricultura y Ganadería ocupa este extenso terreno de forma «indebida». Recordaba entonces que desde 1998 (momento en que finalizaron las tres décadas máximas fijadas para el usufructo) hasta la primavera de 2013 la Junta ha contado con estos bienes «en precario, por la tolerancia, liberalidad o beneplácito de la institución provincial propietaria».

Ahora, después de que en la época de la presidencia de Isabel Carrasco la Diputación amenazara con llevar a los tribunales a la Junta para reclamar la propiedad de esta finca, el equipo de gobierno actual ha optado por la vía del diálogo y ha frenado la judicialización del asunto.

«Buscamos dar una utilidad a esta finca, que sirva de algo para la investigación ganadera», asegura el vicepresidente de la institución provincial, Francisco Castañón. Explica que tanto la Diputación como la Junta descartan acudir a la vía judicial para resolver el asunto de la propiedad de esta extensión de terreno en Boñar. «Hemos aparcado las discrepancias entre ambas partes para centrarnos en dar un sentido a esta finca».

Recuerda también que en la revisión del inventario de la institución provincial, que acaba de aprobarse, aparece esta finca como propiedad del Palacio de los Guzmanes. «Todos los grupos estamos de acuerdo, ya lo hemos hablado, en dar utilidad a esta finca y estamos en ello con las conversaciones con la Junta», aclara.

La Diputación había reclamado a la Junta la reversión al patrimonio provincial de la finca de Boñar en un escrito fechado el 13 de septiembre de 2012, fijando un plazo no superior a seis meses.

Como respuesta, la administración autonómica replicó en diciembre de ese mismo año que no existía «base legal suficiente para acceder a la petición».

El Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación evidenció en aquellos momentos en un informe que la Junta no cumple en la finca de Boñar los fines descritos en el convenio. «Nunca se cumplieron los objetivos previstos para el ganado porcino y las actividades de investigación y control de la descendencia del ganado bovino han sido inexistentes o prácticamente nulas».

La propiedad de la conocida como finca de Boñar se remonta a años sesenta del pasado siglo, cuando la Diputación adquirió, en distintos años, ocho parcelas que en su conjunto integran la finca de Boñar con una superficie total de 15 hectáreas, a un lado y otro de la carretera.

En 1964 suscribió un concierto con la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura para «la mejora expansión y fomento de la ganadería en la provincia de León», fundamentalmente para un centro de control de descendencia de la especie bovino de raza parda suiza y para el ganado porcino. Con estos fines, la Diputación cedió en usufructo al Estado los terrenos, incluidos desde 1966 en el inventario provincial como bienes propios.

De esta manera, la finca quedó ocupada por el Ministerio en 1969 y en 1973 ambas partes firmaron un convenio para la realización del programa de expansión y desarrollo ganadero de la provincia.

Y fue así como el Estado cedió las instalaciones de Boñar a la Junta en el año 1984, con el proceso de traspaso de competencias a las autonomías, con especifidad de los servicios, entre ellos, el depósito de reproductores selectos.

La Junta cuenta en esta finca con dos programas en marcha: uno de recría y otro de testaje (mejoras genéticas con diversas razas). Trabaja, a través del primero, con ganado vacuno de raza avileña (variedad bociblanca) y la raza sayaguesa. Se trata de ejemplares —machos y hembras— en peligro de extinción que la Consejería de Agricultura ofrece a ganaderos para preservar estas especies autóctonas.