LEÓN ■ EL DINERO PÚBLICO
Los concejales tendrán que justificar antes sus gastos si quieren cobrar las 'dietas'
Los ayuntamientos de poblaciones de más de 1.000 habitantes estarán obligados a grabar las sesiones plenarias, en audio y vídeo para las mayores de 20.000 habitantes. La Junta aprueba el anteproyecto de ley que regulará la actividad política
Concejales del Ayuntamiento de León en un pleno.
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el anteproyecto de ley que regulará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación y el Estatuto de los miembros de las entidades locales, que entre otras medidas prevé la necesidad de justificar los gastos antes de cobrar las 'dietas'.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este anteproyecto, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que la futura norma se plantea en tres apartados diferenciados.
El primero de ellos se refiere a la creación de la comprometida Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, así como sus funciones, composición, reuniones, el comité permanente y la toma de decisiones a través de acuerdos y recomendaciones.
Para el vicepresidente, este foro es el adecuado para fomentar la participación de los máximos representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes y de las provincias, quienes tomarán acuerdos o recomendaciones que tendrán consideración de "compromisos políticos". Sobre el denominado Estatuto del Concejal, el vicepresidente ha destacado que su contenido está basado en el consenso alcanzado en el grupo de trabajo constituido en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP).
Aunque muchos de los preceptos del Estatuto están contenidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (1985), el vicepresidente ha destacado que era preciso desarrollar, a través de esta iniciativa, determinados aspectos concretos, como las condiciones para la constitución de un grupo mixto, que requerirá al menos conseguir una representación equivalente al 10 por ciento del total de los miembros de la corporación local, con un mínimo de dos.
Una de las principales novedades del Estatuto es que los ayuntamientos de poblaciones de más de 1.000 habitantes estarán obligados a grabar las sesiones plenarias, en audio y vídeo para las mayores de 20.000 habitantes, y en audio únicamente para las que tienen entre 1.000 y 20.000 habitantes, si bien los de menos de 5.000 habitantes tendrán que aprobar dicha medida en su Pleno.
El Estatuto también regula el derecho de participación a distancia en casos de embarazo, maternidad y paternidad o de enfermedad grave, así como el carácter público del acceso al registro de Bienes Patrimoniales de cada entidad local, por lo que podrán acceder al contenido completo del registro los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en el registro, y también para el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo.
En el caso de las retribuciones de los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva, el Estatuto prevé que sólo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental. Del mismo modo, los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los Plenos, sin justificación suficiente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia.
El tercero de los apartados de este anteproyecto se refiere a la regulación del acceso de ciudadanos y medios de comunicación a los Plenos, que tendrán carácter público y por lo tanto los ciudadanos podrán asistir a las sesiones.
En el caso de los medios de comunicación se establece que tendrán derecho a disponer de un espacio reservado para poder cumplir con su derecho de información, así como que las entidades locales podrán promover la grabación y publicación de las sesiones plenarias en plataformas accesibles para la ciudadanía (internet o redes sociales).
Sobre la tramitación de la norma, el vicepresidente ha explicado que se trata de una norma sencilla que el Consejo Consultivo puede analizar en los próximos quince días, del mismo modo que el Consejo Económico y Social, y que estará a disposición de los ciudadanos en general a partir de mañana en el Portal del Gobierno Abierto para la presentación de alegaciones, por lo que ha confiado en que pueda ser tramitado en las Cortes en el periodo de sesiones que arranca en febrero, tras su aprobación como proyecto de ley en el Consejo de Gobierno.