Ofensiva para rescatar un peaje con 3.000 millones de negocio

El consenso entre los partidos políticos en Asturias aparece ya determinante para acabar con el peaje de la AP-66 en 2021. Esa era la fecha prevista para que expirar la concesión inicial, ampliada a 2050 por el Gobierno. El acuerdo político al otro lado de la cordillera acerca más que nunca a la posibilidad del fin de los tributos para circular entre León y el Principado; el rescate de las autopistas radiales de Madrid agitó un debate latente desde hace casi dos décadas. La ejecución del plan, sin embargo, tiene otros condicionantes de peso. El coste de la operación es el más notable. La voluntad política para echar abajo las cabinas de la autopista en La Magdalena se topa con la valoración del negocio que explota la sociedad Aucalsa, que se cifra en más de seiscientos millones de euros; con las previsiones de ingresos de más de tres mil millones de euros hasta que concluya el límite de la concesión. Ese parámetro del lucro cesante dispara a cifras desmesuradas el coste de la operación para resolver el contrato de gestión de la autopistas; que no parecen tan exageradas si se comparan con los mil millones de euros que acaba de marcar el Gobierno entre los presupuestos para financiar un lote de autopistas rescatadas del peaje (las radiales de Madrid, principalmente)

Vía de ingresos

El paso entre León y Asturias con la carga del tributo se puede poner como ejemplo insuperable de máquina de facturar. Según el libro de cuentas de la concesionaria, los usuarios de la autopista han dejado en las taquillas de los peajes durante tres décadas más de setecientos millones de euros. La densidad de circulación de la vía supone unos ingresos superiores a los cuatro mil euros por hora. La perspectiva de negocio no se queda ahí: los planes financieros de la empresa que gestiona la concesión del peaje admiten en sus previsiones que los ingresos por paso por barrera se pueden llegar a doblar en los próximos años.

La postura de la política en el Principado es unánime en cuanto a la idea de eliminar las tasas por uso de la autopista en un plazo de tres años; el empuje definitivo lo dio el PP asturiano, al sumarse a la causa que emprendió el gobierno asturiano, el PSOE por ende, además de Foro, que pinta y mucho en la representatividad institucional en Asturias, y las opciones de la izquierda que abarcan Podemos y IU.

La chispa

Fue el Gobierno central el que encendió la mecha al abrir el melón del rescate a las radiales de peaje en torno a Madrid y el Levante y dejar fuera del desagravio a la conexión periférica del norte. La coincidencia en torno al fin del peaje no resuelve diferencias entre las formaciones, que han aprovechado este nuevo tiempo de tránsito para cruzarse acusaciones sobre quién puso más para que la única vía de comunicación de alta capacidad entre León y Asturias sea de pago. La actividad política en torno al asunto resulta febril en Asturias; y tibia en León. Las franquicias provinciales de los mismos partidos nacionales que blanden ahora la espada de la lucha contra el peaje en el Principado no se muestran tan afanosos a este lado de la cordillera. Un posicionamiento del secretario del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, en una reunión con su homónimo en la FSA, Adrián Barbón y la adhesión de la diputada Ana Marcello a la causa judicial que va a abrir Podemos desde Asturias contra el peaje más allá de 2021 se pueden contar como excepciones.

La fase de la unidad que se convoca para que desaparezca el lineal de cabinas de cobro sobre el río Luna está plagada de reproches entre las formaciones; por la actuación en el pasado; al PP, por la prórroga de más de treinta años en el peaje, que salpicó incluso a Foro Asturias, liderado hoy por quien impulsó la moratoria de pago en su época de ministro de Fomento; al PSOE, por la promesa de Rodríguez Zapatero de eliminar el peaje, luego sustituida con una bonificación descafeinada. La aportación del Estado, no obstante, resulta casi testimonial para los usuarios pero no así para la cuenta de resultado de la concesionaria, que habría recibido ya setenta millones de euros a cambio de frenar el incremento de las tasas. La última subida de tarifas en vigor, desde el 1 de enero, fija el coste del peaje para un vehículo tipo turismo en 13,15 euros; sin la intervención estatal, esa cuantía podría aproximarse a los quince euros por recorrido completo.

El Gobierno interviene desde el año 2000 entre lo que cobra y debería cobrar Aucalsa —según las condiciones que marca el contrato de explotación y mantenimiento de la autopista- a los usuarios de la vía—; entonces se acordó compensar a la concesionaria con el importe correspondiente a una reducción de ingresos por la reducción porcentual de las tarifas.

Precariedad periférica

La autopista de peaje entre León y Asturias es un pastel goloso como arma arrojadiza para el agravio del Gobierno central con los territorios periféricos, acuciados, además, con la mayor tasa de despoblación de toda España o las rentas per cápita más reducidas del territorio nacional, además de una pérdida de actividad a la cabeza de toda la Unión Europea.

Todo este condicionante social que se puede ofrecer como activo para justificar el rescate del peaje (que tenía que acabar el 18 de octubre en 2021 y demoró su fecha de caducidad hasta el 17 de octubre de 2050) no parece suficiente munición para templar las exigencias económicas de la concesionaria ante una intervención que se cuece ya en los despachos políticos asturianos: Aucalsa fijó en 1.300 millones de euros la compensación por una ruptura unilateral del contrato sobre los derechos de gestión que tiene sobre la autopista. Era el año 2008. Las últimas cuentas y previsiones económicas posteriores dejan corta esa cifra. El plan político para rescatar el peaje es de máxima prioridad en Asturias.