Primas entre 700 y 1.600 euros por ganar
La Diputación tramita la licitación de la defensa letrada y representación por la vía urgente al no contar con abogado «para hacer frente a la necesidad inmediata en la defensa jurídica de la Diputación y por la conveniencia de tramitar el procedimiento ya iniciado ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público». Cada lote, según las bases, será adjudicado a un único licitador, aunque el mismo pueda presentarse a ambos para hacerse con uno de los dos bloques del contrato en licitación.
Entre las prestaciones que deben asumir los adjudicatarios se encuentra el asesoramiento jurídico previo a la defensa judicial, con la emisión de informe en desestimiento, allanamiento o transacción judicial. También informes, a petición de la institución, sobre la viabilidad del ejercicio de acciones judiciales, y la emisión de informes (un máximo de cinco al año) en caso de que así lo pida la Diputación; asumir la representación procesal en asuntos que no sean de obligatoria intervención de procurador y solicitar la tasación de costas procesales y gestionar su cobro. No obstante, el Palacio de los Guzmanes se reserva el derecho de realizar otras contrataciones de asistencia cuando lo considere en caso de la especial naturaleza, cuantía y complejidad del asunto.
Según las bases, el adjudicataria recibirá una cantidad fija por cada asunto encomendado: 2.000 euros en el caso de procedimientos judiciales en primera instancia ante juzgados con sede en Castilla y León y 1.500 fuera de la Comunidad y 1.100 en segunda instancia en la autonomía. También habrá una cantidad variable de acuerdo al resultado de los pleitos para la Diputación. Así, por cada pronunciamiento favorable (en primera o segunda instancia) percibirá 700 euros (sin iva) y ante el Supremo o la Audiencia Nacional 1.600 euros (sin iva).
Y quedarán excluidos del contrato en ambos lotes una serie de conceptos que tendrán que pagar las arcas provinciales: tasas judiciales, coste de las pruebas periciales y las tasas de acceso a registros públicos.
El periodo de duración del contrato es de un año desde su formalización y afectará a todos los procedimientos que se encarguen en el periodo de estos doce meses. Existe la posibilidad de prórroga por otro año.