un político en la encrucijada
Alfredo Prada pasa factura a Granados y Balfagón
El exparlamentario leonés anuncia querellas contra el exconsejero y la actual directora del Imserso, que le acusan de corrupción al atribuirle la firma de facturas para financiar una campaña de Aguirre y obligar a una subordinada a firmar «pagos inexistentes».

Foto realizada en 2007 en Caboalles de Abajo cuando Prada (I) y Granados eran uña y carne. NORBERTO
m. romero | león
Primero fue Francisco Granados el que puso al leonés Alfredo Prada en el ojo del huracán entregando al juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, una serie de facturas que habría encontrado ahora en su casa de Valdemoro y que, desde su perspectiva de político multiacusado, podrían haber servido para financiar gastos de la campaña electoral de Esperanza Aguirre en 2007. Eran, dijo «facturas falsas» de la Consejería de Justicia cuando la presidía el exparlamentario por León Alfredo Prada (2003-2008), su antecesor en el cargo. Eso ocurría el 16 de este mes. Anteayer, el peso de la duda crecía en torno al que llegara a ser vicepresidente primero del Senado. En esta ocasión, la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, a su vez exresponsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la consejería dirigida por Prada, afirmó que dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el exconsejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.
Frente a ello, la reacción de Prada ha sido contundente. «Ya no soy político, así que dime un correo y te envío un comunicado», aseguraba ayer con tono de enfado. El documento adjunto es un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por parte de su representante legal, en el que pide a su titular que le entregue una copia de la declaración de Granados y de todas las facturas que aportó en el acto de su declaración testifical con el objeto de interponer la correspondiente querella por presuntos delitos de injurias y calumnias.
Prada recuerda en su escrito que Granados había sido antiguo compañero de partido y de gobierno y que por aquellas fechas dirigía la Consejería de Interior. También retoma que desde la consejería que dirigía Granados se procedió a realizar el conocido asunto del espionaje al vicealcalde de Madrid, el leonés Manuel Cobo, y a Alfredo Prada Presa, en aquel momento vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid. Este caso dio lugar a la investigación de varios asuntos hoy pendientes de ser juzgados en un juicio oral ante un jurado. «Prueba de la animadversión que mantenía contra el señor Prada, éste realizó declaraciones públicas en medios de televisión y por escrito que tuvieron una gran repercusión pidiendo la dimisión del mismo, cuando ya en su momento la magistrada encargada del asunto del espionaje ordenó el archivo de la causa, pretendiendo desdorar el buen nombre e imagen de Prada tratando de menoscabar su honor y dignidad, circunstancia que es públicamente conocida por todos y cada uno de los medios de comunicación», recoge el escrito.
En este mismo documento Prada hace constar que la «animadversión» de Granados contra Prada se refleja cuando, en su calidad de consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ordenó realizar una auditoría a la prestigiosa firma KPMG al objeto de detectar cualquier actuación contraria a la ley por parte del político leonés. «Es de destacar que la misma ascendió a la nada desdeñable cifra de 300.000 euros, con un resultado, como no podía ser de otra manera, de una actuación política y profesional intachable».
Por lo que respecta a la actual directora del Imserso, Prada también asegura haber dado instrucciones a su equipo jurídico para interponer una querella por injurias y calumnias. Las facturas que Carmen Balfagón llevó ante un notario para que constara que había sido obligada a pagarlas por orden de Prada también son, según el exparlamentario, una mentira, como lo es, también según él, que la obligara a entrevistarse con empresarios. «La fabulación de la señora Balfagón en su comparecencia ante notario seis años después de unos hechos imaginarios y cuatro después de que Prada saliera del Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que obedecer a intereses expureos o a la maquinación de una autodefensa personal». A Prada le llama la atención que Balfagón no dimitiera si fuese cierto lo que denuncia o que tampoco lo denuniase ante la policía o a las autoridades judiciales.
Alfredo Prada Presa (59 años) ha sido senador por León, vicepresidente del Senado, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, consejero de Justicia en Madrid y diputado por León.