Una escala que va de la A a la G

La normativa reguladora del procedimiento de certificación determina qué información debe contener la etiqueta para permitir a los arrendatarios o propietarios de una vivienda evaluar y, en su caso comparar, su grado de eficiencia. Esta medición se hace en función del consumo de energía y de las emisiones de dióxido de carbono, lo que da lugar a una doble calificación en una escala que va de la A a la G, siendo A la puntuación más alta -menor consumo y menores emisiones- y G, la más baja. En Castilla y León, 105.845 inmuebles cuentan con etiqueta energética, de los que el 89,6% de estas acreditaciones se corresponden con el sector residencial.