Las más de 15.000 comunidades de vecinos de León arrastran una morosidad de 12,5 M€

A. G. Puente | redacción

La aún incipiente recuperación económica se deja notar ya en las comunidades de vecinos después de que la crisis disparara la morosidad un 40%. El último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas fija la deuda por impagos en León en cerca de 12,5 millones de euros, prácticamente un 10% menos que en 2015. Los recibos sin pagar de las decenas de inmuebles que las entidades financieras tienen en su poder también han bajado en el mismo porcentaje y suponen 2,3 millones del total de la deuda arrastrada por las más de 15.000 comunidades que suma la provincia.

«Ya percibimos un poco la recuperación económica, la crisis causó verdaderos problemas sociales en las comunidades», remarca el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de León, Jesús Luque. Apunta que suponen un «auténtico baremo social, la primera economía pública son las comunidades». Y recuerda que en la época más dura de la crisis llegó a escuchar a uno de los vecinos que no podían afrontar sus recibos mensuales: «Tengo que dar de comer a mis hijos, no puedo pagar la comunidad; en el boom inmobiliario se compraron muchos pisos, luego la familia se quedó en paro y no entraba un duro en casa, no podían pagar tampoco la hipoteca».

En el caso de la morosidad de los bancos, Luque explica que ponen constantes y variadas «pegas» y trabas burocráticas para pagar sus recibos en las comunidades de vecinos donde poseen inmuebles. «Cuentan con mucho volumen de pisos y no los tienen bien estructurados, muchas fincas ni siquiera la comunidad conoce que son de los bancos».

De acuerdo al Estudio global sobre la morosidad en comunidades de propietarios en España, cerca del 43% de ellas tienen morosos entre sus residentes, con un importe medio de deuda global en cada una de ellas de alrededor de 1.380 euros. Los bancos, además, mantienen impagos en casi el 50% de los inmuebles que poseen.

A parte de la incipiente recuperación económica, otro factor clave para la merma de la morosidad se debe a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, demandada por los propios administradores de fincas, para que la deuda de los vecinos sea del año en curso más los tres ejercicios anteriores. En el caso de León, Luque subraya que son numerosos los procesos judiciales abiertos contra vecinos por sus comunidades para que paguen la deuda que acumulan. Las reclamaciones ante el juzgado se producen con la acumulación de cantidades entre los 500 y los 1.000 euros. La morosidad lastra a las comunidades a la hora de plantearse obras de rehabilitación en el edificio o labores de mantenimiento de imperiosa necesidad para la vida del edificio.

Los administradores de fincas abogan por la habilitación de más resortes legales para luchar contra la morosidad. Consideran que la parte de deuda que va vinculada a los inmuebles (la afección real) ha de ser de hasta un total de cinco años, que es el plazo de prescripción normal. Reclaman una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que la reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cuatro años anteriores.

Luque llama la atención sobre la existencia de los que él denomina «Okupas de guante blanco». Se trata de «profesionales de la morosidad» que se mueven por distintos inmuebles con testaferros y es prácticamente imposible que sus comunidades de vecinos puedan demandarles por impagos de recibos, normalmente con cantidades muy abultadas.