Los asesores legales prevén largo el pulso legal para resolver el caso de los trenes sin vía
Los acuerdos contractuales de Feve con Vossloh se pudieron concretar en seis consejos de administración de la empresa ferroviaria de vía estrecha; a caballo, por cierto, en la gestión de gobiernos de distinto signo político; cuatro de ellos bajo mando del PSOE; dos, con el PP. El pedido de suministro se pudo concretar con doce trenes, capaces de ajustarse a las condiciones del ancho métrico en el que se despliega el desarrollo viario de este tipo de transporte; cuatro de ellos para cubrir el trayecto León-Cistierna; cuatro, para el recorrido tranviario de la línea que se iba a desplegar por el centro de la capital leonesa; y, finalmente, otros cuatro destinados a conectar Pola de Laviana y Gijón.
La proyección ideada para Feve, dentro y fuera de los límites de la urbe leonesa o en la red de cercanías asturiana, se topó de bruces con una crisis económica que se interpuso entre las previsiones de entrega de la carga de trabajo encargada y la estructura ferroviaria completada al concluir los plazos de ejecución: los trenes encargados por negociado sin publicidad no tenían vías por las que circular. Ese fue el caso que hoy mantiene en litigio al Ministerio de Fomento y a la empresa fabricante con sede en Valencia. La docena de unidades encargadas para León y Asturias se definían por sus características de tren-tram y tramlink; convoyes capaces de alternar en circulación vías de tren de ancho métrico y tranvía.
Hace poco más de un año que el Ministerio de Fomento puso en marcha, por tercera vez, el proceso legal para declarar nulo el contrato de suministro de estos convoyes. Las dos ocasiones anteriores se topó con resoluciones de la Audiencia Nacional, que estimó las consideraciones de la empresa contra los expedientes de nulidad. «Lo más importantes es que este Gobierno va a completar la integración de Feve, siete años después», valoró ayer el ex presiente de la compañía, Ángel Villalba, que eludió otras consideraciones sobre la sentencia de la Audiencia. La Abogacía del Estado prevé que resolver el pulso requiere de negociación y acuerdo; sobre todo, una vez admitida la nulidad del contrato.