La AP-66: un negocio de 3.000 millones de euros
Todo el condicionante social que se puede ofrecer como activo para justificar el rescate del peaje (que tenía que acabar el 18 de octubre en 2021 y demoró su fecha de caducidad hasta el 17 de octubre de 2050) no parece suficiente munición para templar las exigencias económicas de la concesionaria ante una intervención que se cuece ya en los despachos políticos asturianos: Aucalsa fijó en 1.300 millones de euros la compensación por una ruptura unilateral del contrato sobre los derechos de gestión que tiene sobre la autopista. Era el año 2008. Las últimas cuentas y previsiones económicas posteriores dejan corta esa cifra.
El coste de la operación es el más notable. La voluntad política para echar abajo las cabinas de la autopista en La Magdalena se topa con la valoración del negocio que explota la sociedad Aucalsa, que se cifra en más de seiscientos millones de euros; con las previsiones de ingresos de más de tres mil millones de euros hasta que concluya el límite de la concesión. Ese parámetro del lucro cesante dispara a cifras desmesuradas el coste de la operación para resolver el contrato de gestión de la autopista
Según el libro de cuentas de la concesionaria, los usuarios de la autopista han dejado en las taquillas de los peajes durante tres décadas más de setecientos millones de euros. La densidad de circulación de la vía supone unos ingresos superiores a los cuatro mil euros por hora. La perspectiva de negocio no se queda ahí: los planes financieros de la empresa que gestiona la concesión del peaje admiten en sus previsiones que los ingresos pueden doblarse en los próximos años.