El fiscal solicita ocho años de prisión para Barazón y siete a Sánchez y Suso

Rebaja de siete a tres los delitos que aprecia en los investigados leoneses de la Operación Púnica.

Barazón, a la salida de prisión junto a su exabogado. RAQUEL P. VIECO

León

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El Ministerio Fiscal solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación Provincial y siete años para Manuel Jesús López, anterior interventor y Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo.

La Fiscalía rebaja de siete a tres los delitos que aprecia supuestamente en los hechos que se atribuyen a los acusados y solicita la apertura de juicio oral contra ellos, a efectos de lo cual, ayer fueron citados a mediodía de ayer en la Audiencia Nacional para hacer frente a una fianza de 171.000 euros que soportarán junto a Alejandro de Pedro Llorca, presunto conseguidor, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena que diseñó supuestamente la operación política para perpetuar a Martínez Barazón como presidente del PP tras la desaparición de Isabel Carrasco, y Guadalupe Carascosa, que se alineaba a las órdenes del líder de la trama.

Según la Fiscalía Anticorrupción, a Martínez Barazón se le atribuye un delito de malversación y falsedad documental, por el que se le piden cinco años y medio de prisión e inhabilitación especial de diez años. También se le considera autor de un delito de fraude, por el que se le proponen 18 meses de cárcel y la inhabilitación especial por ocho años o, alternativamente, que se le condene por cohecho a cuatro años de prisión, multa de 18 meses e inhabilitación especial por ocho años. Finalmente, por tráfico de influencias, la Fiscalía pide un año de prisión, multa de 150.000 euros e inhabilitación especial durante cinco años.

En el caso de Suso López, se considera probada la existencia de malversación y falsedad documental, por lo que se proponen cinco años y medio de prisión e inhabilitación especial de diez años. También se aprecia fraude, que comportaría en caso de condena otro año y medio de prisión e inhabilitación especial por un periodo de ocho años.

Para Pedro Vicente Sánchez, se repite la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Por malversación y falsedad la propuesta es de cinco años y medio de cárcel, con inhabilitación especial de diez años, un supuesto de fraude, que comportaría 18 meses de prisión e inhabilitación especial de ocho años o, alternativamente, como sucede con el expresidente, cohecho, que en caso de ser penado emparejaría una pena de cuatro años de prisión, multa de 18 meses e inhabilitación especial por ocho años.

LOS OTROS TRES ACUSADOS

Alejandro de Pedro se quedaría con una pena de cinco años y medio en caso de ser condenado por los delitos malversación y fraude, de los que comparecerá a juicio, además de la prohibición de recibir subvenciones del sector público durante los tres años siguientes, mientras que Alonso Conesa hace frente a una propuesta de cinco años y medio y también queda excluido de las subvenciones por el mismo periodo.

ERROR DE FECHAS

La Audiencia Nacional emitió el pasado día 13 de junio un auto de rectificación, por el que corrigió un error en la fecha de la citación a los acusados para depositar 171.000 euros a repartir entre todos ellos en concepto de responsabilidad civil y para hacerles entrega de los escritos de acusación y de apertura de juicio oral.

En un primer momento, el juez Manuel García Castellón los había citado para el 20 de julio a las 12.00 horas, cuando en realidad quería decir el 20 de junio. Por tanto se procedió con el trámite en la mañana de ayer, previa notificación a los acusados de la variación, que no había trascendido.

«La situación personal de los acusados no procede que sea modificada, manteniéndose las mismas, al no haber variado las circunstancias que motivaron la actual situación personal de cada uno de ellos. No existen investigados en situación de prisión provisional», dicen los autos que obran en poder de este periódico y que recogen la propuesta de la Fiscalía para decretar la apertura de juicio oral, a celebrar en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid.

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La acusación particular, que encarna la Asociación Democrática de Abogados de Europa (Adade) mantiene la propuesta de penas que suman los quince años de cárcel para Martínez Barazón, once para Manuel Jesús López y nueve para Pedro Vicente Sánchez.