Los 455 funcionarios de Villahierro pasarán a ser agentes de la autoridad
Las agresiones que sufren serán castigadas con más severidad por la reforma de la ley.
Torre de vigilancia del Centro Penitenciario de Villahierro. JESÚS F. SALVADORES
Cerca de medio millar de funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario Provincial de Vilahierro pasarán a gozar de la condición de agentes de la autoridad de aprobarse la propuesta que debatió el Congreso de los Diputados anteayer, por la que se les confiere esa condición, que habilitará un agravamiento de las penas para los reclusos que les agredan y que les posibilitará declarar en los juicios por número de placa y no por nombre y apellidos.
Villahierro contabilizó 32 agresiones entre los años 2011 y 2017. Ninguna fue considerada muy grave, una tuvo carácter grave, 18 fueron leves y 13 no arrojaron lesiones en su resultado final.
En caso de admitirse a trámite, la propuesta buscará que los funcionarios de prisiones tengan «una mayor protección» ante las agresiones de los internos y podrán declarar con una identificación de su número de funcionario en los tribunales de justicia -en vez de con su nombre y apellidos- para no poder ser coaccionados, además de tener una presunción de veracidad. Asimismo, los ataques que sufran por parte de los reclusos van a tener una pena «agravada». Además, en caso de que un funcionario de prisiones cometa un delito, estará en unas celdas especiales, no mezclados con el resto de internos, y tendrá garantizado un traslado más seguro a los centros penitenciarios para que no pueda sufrir una represalia por parte de internos que los identifique.
La evolución de la plantilla de funcionarios ha experimentado un pequeño repunte el año pasado, después de una caída sistemática en los cinco ejercicios anteriores. De 481 efectivos (2012) se pasó a 470 (2013), que fueron 451 (2014) y bajaron a 438 en los años 2016 y 2016. «El promedio de edad de la plantilla se sitúa en los 50 años», según respondió el anterior gobierno a una pregunta de la diputada socialista leonesa Aurora Flórez.
PSOE y PNV anunciaron en la Cámara su voto favorable a la proposición de ley presentada por los populares para esa reforma que, según el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano, es una reivindicación histórica de los funcionarios.
El PP aboga por una reforma puntual de la ley, en concreto de su artículo 80, para «reconocer a todos los efectos» como agentes de la autoridad a esos funcionarios como lo son los policías nacionales o los guardias civiles.
Unidos Podemos, ha recordado que los funcionarios de prisiones ya están considerados agentes de la autoridad, que están protegidos y que la iniciativa es «demagogia» que no soluciona los problemas de las cárceles. C’s lo ve inexplicable.