El juez decreta el primer ingreso en prisión por la Operación Enredadera
Envían a casa a otros ocho detenidos de León y Barcelona y continúan los interrogatorios.
Registro en el Ayuntamiento de San Andrés, anteayer. MARCIANO PÉREZ
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona tomó ayer por la mañana declaración a cuatro de los detenidos en Barcelona dentro de la Operación Enredadera y acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El magistrado decidió además, para los otros tres, la puesta en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y personación periódica. El TSJ de Cataluña también constató que a lo largo de ayer por la tarde quedaban pendientes cinco pases a disposición judicial. Al cierre de esta edición no se había adoptado resolución alguna al respecto.
En el marco de la causa contra la corrupción municipal se practicaron 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y medio centenar de detenciones.
Los alcaldes de Astorga y Villarejo de Órbigo, Arsenio García (PP) y Joaquín Llamas (PSOE), y tres ediles de la capital maragata, Manuel Ortiz, Javier Guzmán y Pablo González Peyuca, quedaron ayer en libertad como investigados con la obligación de comparecer ante el órgano judicial cuando sean llamados por su implicación en la pieza separada de la Operación Enredadera que investiga, en este caso, el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital maragata. Los cuatro integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga, que pertenecen al PP (tres) y al PAL —Pablo González Peyuca—, fueron detenidos anteayer al hilo de la actuación puesta en marcha por un juzgado de Badalona. También fue detenido el regidor socialista de Villarejo, diputado provincial y secretario de Política Municipal en la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León.
El juzgado de la capital maragata, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, está investigando una pieza separada declarada secreta por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos.
También se abrió otra pieza separada, declarada igualmente secreta, en el Juzgado de Instrucción número 1 de León, sobre la que se desconoce su alcance. Además, la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona proseguirá con las irregularidades detectadas de la empresa Aplicaciones Gespol (SL), en contrataciones de aplicaciones de tráfico o sistemas para la gestión de multas. Mientras Joaquín Llamas abandonó los juzgados de Astorga sin hacer declaraciones, el alcalde de Astorga proclamó su inocencia y la de los otros tres miembros del equipo de gobierno investigados. «Somos inocentes de los cargos, se demostrará con el tiempo», dijo tras prestar declaración y pasar la noche detenido.
Pese a ello, la Ejecutiva Federal del PSOE y el PSOE de León comunicaron ayer el inicio del expediente de suspensión cautelar de militancia del alcalde de Villarejo de Órbigo y diputado provincial Joaquín Llamas Redondo y de Juan José Simón Callejo, exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Astorga.
«Se toma esta decisión garantizando el principio de tolerancia cero con la corrupción y para garantizar la imagen del PSOE y su compromiso contra la corrupción. Creemos en la presunción de inocencia de todo el mundo; que la Justiica actúe con total transparencia», señaló el secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón, antes de señalar que a Joaquín Llamas se le ha pedido que cese de todos sus cargos tanto públicos como orgánicos.
Por su parte, Ciudadanos pedirá a su portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, Juan Carlos Fernández, que dimita en el caso de que acabe imputado, y si no lo hace se le expulsará del partido.
Sobre el otro cargo de Ciudadanos arrestado en esta causa, el excoordinador y actual asesor en la Diputación de León Sadat Maraña, el partido ha exigido al grupo parlamentario de la Diputación que sea despedido, en la línea de la decisión sobre el alcalde de Arroyomolinos.