El diésel costará 2,5 millones más al campo y 7,5 a los conductores

p. infiesta | león

Una simple frase anunciando que «el diésel tiene los días contados» ha revolucionado a los propietarios de los vehículos que circulan con este carburante, al campo, a los transportistas y a las estaciones de servicio, porque la frase sólo posee seis palabras, pero la pronunció la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y supone la sentencia a este tipo de motores.

Para ello, el Gobierno central propone un cambio de fiscalidad del combustible y un aumento de su precio que afectará, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), a los 204.079 vehículos que usan este carburante y están en circulación actualmente en León, 40.000 más que los de gasolina.

Los conductores verán incrementado en siete millones y medio de euros sus repostajes, ya que el gasto en los surtidores pasará de 670 euros de media anual a 722 euros y, además tributarán más, según fuentes del sector. La provincia se sitúa como una de las que más notará la subida en la comunidad, sólo por detrás de Valladolid, donde el gasto se incrementará entorno a ocho millones de euros.

En el campo, donde los agricultores usan millones de litros para 2.831 tractores y otras 3.000 máquinas movidas con gasóleo, la repercusión al alza alcanzará los 2,5 millones, según las organizaciones agrarias, que calculan que en la comunidad supondrá 14,7 millones. «Es una medida nefasta, que tiene un claro afán recaudatorio», opina el presidente de la asociación de Estaciones de Servicios de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Alfredo Soto.

No entiende cómo un Gobierno socialista «quiere gravar más al ciudadano y, en concreto, al ciudadano con menos renta». Sería más normal, a su juicio, que se dieran ayudas a esos conductores para cambiar su vehículo, antes que penalizar al que los usa». También aprecia «que es triste, en un momento de recuperación, donde el sector comenzaba a ver la luz, se dé este mazazo y se impida sacar la cabeza».

Soto valora que «la gente consumirá menos, se cerrarán estaciones de servicio y se destruirán puestos de trabajo. Todo ello cuando no está muy claro que el CO2 que emite un vehículo diésel sea mucho más contaminante que uno de gasolina». Este profesional insiste en que el anuncio gubernamental es «una aberración» y una medida «que mete miedo y tendrá su trascendencia».

Reconoce que muchos conductores «vienen temerosos y preguntan cómo va a ser». También se cuestiona cómo se le dice «a un camionero o aun agricultor que debe pagar un 30% más en sus costes fijos y se queda sin margen. Aunque en estos casos el Estado piense en devolver de alguna manera ese dinero, siempre va ligado a inspecciones, papeleo, problemas y retrasos».

El presidente de la asociación de Estaciones de Servicios, que aglutina a una treintena de negocios de León, insiste en que a los gasolineros «no nos pagan por ser recaudadores del Estado y lo que va a ocurrir es que si subes el diésel, directamente al día siguiente está ingresando el Gobierno un porcentaje y no es la manera de obtener liquidez».

Los transportistas tampoco entienden «que puedan subir algo estratégico que repercuta en el bolsillo del ciudadano», y consideran que la subida afectará a la economía nacional en su conjunto, porque «al encarecer el producto, habrá menos consumo en general y no solo en las estaciones de servicio». Lo veían venir, tras la sentencia del diésel, «pero no tan deprisa», y el sector lo ha recibido como «un jarro de agua fría». Los responsables de logística vaticinan que la nueva imposición sobre el diésel llevará a una «cadena de subidas» que afectará a todos, porque «si se incrementa el precio, las ventas es normal que bajen». Al ciudadano de a pie le afecta, porque desplazarse en su vehículo le va a costar más. A los repartidores, sobre todo, de furgonetas, también, porque no suelen gozar de bonificaciones y podrían verse obligados a subir el precio de sus productos y servicios.

Sector del automóvil

El sindicato UGT advierte que equiparar el precio del diésel al coste de la gasolina constituye «una medida como mínimo arriesgada, que pone en peligro a la industria del automóvil». No entiende que el Gobierno se esté planteando una medida que penaliza a los vehículos con este motor y va a tener «serias repercusiones en el sector, sin un análisis previo de sus consecuencias con todos los actores que participan de la industria del automóvil». El sindicato reclama una reunión urgente con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para trasladarle su preocupación y las fórmulas para afrontar los retos del sector.