El nuevo plan de Fomento con los peajes frena el desvío de camiones de la N-120
El cambio de Gobierno congela el ordenamiento previsto para aliviar de tráfico el corredor de la León-Astorga.
Tramo de la N-120 afectada por la afluencia de transporte entre centros logísticos. JESÚS F. SALVADORES
l. urdiales | león
La opción de desalojar la N-120 de tráfico pesado, a base de bonificar la entrada de camiones a la AP-71 adquiere cada día mayor tono de quimera; el Ministerio de Fomento ya no da cuenta del avance del convenio que tenía que desarrollar con la concesionaria de la autopista León-Astorga a fin de hacer efectivo aquel acuerdo a tres bandas que se concretó con el empeño de la Junta (dispuesta a soportar el coste de la operación) y la empresa que gestiona el peaje. El cambio de Gobierno parece haber agotado la voluntad de desarrollar esta medida, fijada como una situación de seguridad vial para aliviar de circulación las travesías de la carretera Nacional —con más aforo de cuantas discurren por la provincia— que a determinadas horas sin distinción entre día o noche es un agobio para la vida de los habitantes de estos núcleos de población afectados.
Los propios transportistas, la otra parte afectada por la medida, ya tienen referencia oficiosa de que el desvío no se va a llevar a efecto ni a corto ni a medio plazo. En los últimos meses con Iñigo de la Serna al frente de Fomento se dieron pasos administrativos con el fin de culminar y definir las condiciones en las que se debía acometer el desvío; la letra pequeña de la disposición, las cláusulas en las que, además del convenio con la empresa concesionaria de la autopista, resultaba indispensable la redacción que afecta a la competencia de la Dirección General de Tráfico. Se llegó a afinar una resolución para disponer el uso del desvío a la AP-71 acomodada al criterio de los profesionales del transporte, la estructura que podían emplear para acceder a las áreas de descanso o al repostaje en el trayecto afectado por el nuevo ordenamiento, según trasladó la propia Junta de Castilla y León por la reivindicación de los camioneros. El grueso del protocolo entre la administración central y autonómica dirigido a restar presión de tráfico a la vida cotidiana de las poblaciones afectadas por el curso de la nacional se resolvía con la bonificación de hasta el 75% del coste del paso de los camiones por el peaje de la León-Astorga (vehículos pesados del tipo 2, según se concretó en el acuerdo); la Junta aportaría 1,4 millones de euros al año para afrontar el paréntesis al que se iba a someter al transporte en la nacional, en el que iban a resultar afectados hasta 800 vehículos al día.
Se desarrolló el acuerdo para la León-Astorga en el mismo molde que se empleó para aplicar la medida en otros puntos del país: en la AP-68, en La Rioja; o para el desvío previsto entre la N-1 y la AP-1, que, como el de León, está pendiente también de resolución y del que tampoco da cuenta el Ministerio de Fomento.
El colectivo de transportistas, que asumió a regañadientes la determinación y los requisitos para el desvío que sólo iba a aceptar de buen grado bajo las condiciones de gratuidad (en el marco adoptado debían costear entre el 25% y el 29% del precio del peaje), toma con alivio este parón en el convenio, casi con la certeza de que la orden no va a llegar a aplicarse. El cambio en el ejecutivo lleva aparejada una nueva estrategia para mitigar los efectos de las autopistas de peaje en la movilidad que no está en la línea de promover los desvíos como soluciones de choque. Más bien, el objetivo está en el fin de las concesiones o en la aplicación de peajes encubiertos.