DECISIONES POLÍTICAS
La Diputación rebaja casi el 80% a viviendas y negocios el enganche a la línea de San Isidro
El elevado precio fijado, 1.434 €/Kw, cercenaba el desarrollo urbanístico y económico en toda la zona desde 2012
La localidad de Puebla de Lillo es una de las beneficiadas con el descuento de la Diputación. CAMPOS
Medio centenar de viviendas de tres edificios de una urbanización de Puebla de Lillo serán las primeras beneficiadas de la decisión de la Diputación de rebajar prácticamente un 80% el precio que deben afrontar por contar con suministro eléctrico de la línea de San Isidro. Casi seis años después de la puesta en marcha de esta línea, la determinación atenúa, pero no disipa aún, las reivindicaciones y protestas de los vecinos de la zona de influencia de esta infraestructura eléctrica (los municipios de Boñar, Reyero y Puebla de Lillo) «por el alto precio» para disponer de luz en sus hogares y pequeños negocios.
Con la bonificación, la cantidad que tendrán que pagar a las arcas provinciales queda rebajada a 309 euros, frente a los 1.434,27 euros por kilovatio contemplados en el convenio de resarcimiento firmado en 2012 entre la institución provincial e Iberdrola.
La Diputación pretende con esta medida incentivar la fijación de población en la zona y el impulso de la actividad económica de los emprendedores de pequeños negocios. El responsable del área de Desarrollo Económico, el diputado Miguel Ángel del Egido, explica que el convenio con la comunidad de propietarios Las Nieves, de Puebla de Lillo, es el primero que se firma para bonificar el precio del enganche a la línea de San Isidro, costeada íntegramente por San Isidro con un desembolso cercano a los doce millones de euros.
Esta rebaja se ceñirá a viviendas (están exentas de pagar el precio del resarcimiento desde el principio aquellas que precisen menos de 10 kw) y pequeños negocios de la zona, por lo que en el caso del Principado de Asturias, que necesita suministro eléctrico para la vecina estación de esquí de Fuentes de Invierno, tendrá que pagar la cantidad íntegra por kilovatio fijada, es decir, los 1.434,27 euros.
En el caso de la urbanización Las Nieves, por ejemplo, cada una de las 48 viviendas han de abonar a la Diputación ahora, tras el descuento, 1.500 euros, teniendo en cuenta los algo más de 72.000 euros de la factura global por la potencia total contratada para sus tres edificios (230,13 kilovatios).
La rebaja no contenta del todo a los vecinos, uno de los propietarios de la zona y propietario de viviendas, Antonio García, muestra su indignación «por la discriminación a los residentes de la zona respecto al resto de la provincia, no hay derecho; es una auténtica vergüenza que tengamos que pagar este precio».
Tras largos años de protestas y soluciones desde la Diputación que no llegaban, finalmente la institución provincial decidió aprobar una adenda al convenio de cesión de instalaciones eléctricas y resarcimiento rubricado con Iberdrola en su día para permitir excepciones al precio fijado. Con la adenda, según remarca Del Egido, quedan total o parcialmente eximidos de las obligaciones plasmadas en el convenio con la compañía eléctrica los demandantes de energía con los que la institución firme el correspondiente convenio que así lo estipule. La adenda habla, además, de concretas circunstancias que se den en cada caso, motivadas y atendiendo al interés público o social. Bajo estas premisas, la Junta de Gobierno acaba de aprobar el convenio con la urbanización Las Nieves.
La línea eléctrica de San Isidro discurre a lo largo de un tendido de 26 kilómetros entre el embalse del Porma y la estación de esquí. Comenzó a suministrar energía en otoño de 2012 tras cinco años de trabajos con las complejas circunstancias que supone construir en un área natural protegida, lo que obligó a Iberdrola a realizar hasta ocho modificaciones sobre el proyecto inicial. En el momento de su puesta en marcha, la línea suministraba luz a 800 clientes.
El déficit de energía eléctrica que arrastraba San Isidro por el crecimiento de sus instalaciones y el ‘boom’ urbanístico y residencial de su área de influencia no sólo a pie de pista, sino en poblaciones vecinas, obligó a la Diputación a la construcción de esta costosa infraestructura. Una vez ejecutada la línea, el problema llegó con el alto coste que la Diputación fijó en el convenio de resarcimiento: todo aquel que precisara energía debía compensar a la institución con la cantidad allí estipulada. El costoso precio paralizó construcciones y negocios e, incluso, impidió a vecinos ocupar sus nuevas viviendas, algunos de ellos ya en espera incluso antes por la falta de luz.