PROYECTO DE LEY
La Junta dará ayudas a las familias para contratar cuidadores de bebés
La ley pretende contribuir a paliar los problemas demográficos de la Comunidad como apoyo a la natalidad y el impacto sobre las posibilidades de las mujeres de incorporarse al mercado labora. La Junta potenciará la conciliación de la vida familiar y laboral y luchará contra la brecha salarial de género en Castilla y León con 121,5 millones anuales
La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, junto a la consejera de Familia, Alicia García, y la de Cultura, Josefa García Cirac, comparecen al término del Consejo de Gobierno.
El proyecto de ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de Eliminación de la Brecha Salarial de Género en Castilla y León prevé, entre otras medidas, ofrecer a las familias ayudas directas para la contratación de cuidadores de sus bebés, como complemento a las ayudas de guardería y deducciones fiscales.
Es una de las novedades que incluye este proyecto de ley, aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y que ha presentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha confiado en que esta norma pueda convertirse en el "germen de un sistema nacional de conciliación", hasta convertirse en un "nuevo pilar del Estado del bienestar".
La ley, que ahora será remitida a las Cortes para su aprobación, se propone avanzar en la conciliación, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y en la eliminación de la brecha salarial de género, fundamentalmente por la vía del fomento de la promoción profesional de las mujeres y de la equiparación de derechos vinculados al cuidado de familiares, ya sean mayores o recién nacidos.
La aplicación de la norma tendrá un coste estimado anual de 121,5 millones de euros, de los que cerca de seis se incorporan en el presente ejercicio por la vía de los acuerdos alcanzados en esta materia en el marco del Diálogo Social con sindicatos y empresarios.
La consejera ha destacado que esta futura ley incorpora un concepto amplio de conciliación, con el acento en la sensibilización y formación, con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para impulsar medidas novedosas en el ámbito laboral que puedan contribuir a un reparto de tareas entre hombres y mujeres.
La ley consta de 86 acciones, de las que 51 van encaminadas a fomentar la conciliación, 23 de ellas dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 de ellas son transversales, como la elaboración de planes quinquenales por parte de la Junta para fijar objetivos y medidas concretas o la profundización en la recopilación de datos que distingan entre la situación sociolaboral de mujeres y hombres.
En el caso de las medidas específicas de conciliación, García ha destacado la implementación de nuevas subvenciones para favorecer que las empresas faciliten a sus empleados este tipo de prácticas, deducciones fiscales para fomentar el uso del permiso de paternidad, la equiparación progresiva de los permisos paternales y la ampliación de los horarios de los programas de conciliación en el ámbito educativo -Madrugadores, Tardones...-.
Entre estas medidas, la consejera ha detallado que tendrá "especial relevancia" la garantía de acceso a un "servicio de atención y cuidado en la primera infancia", que se implantará de forma progresiva y que incluye la entrega de subvenciones directas a los progenitores para contratar los servicios de cuidadores, conocidos popularmente como 'canguros'. Esta medida vendría a complementar las actuales ayudas y deducciones fiscales por la escolarización en centros infantiles y guarderías, ya sean de centros públicos o privados, según ha explicado la propia consejera.
Sobre las medidas encaminadas a eliminar la brecha salarial, la consejera ha distinguido entre las que se aplicarán en el ámbito del sector público, donde se ha comprometido a fomentar la transparencia en las retribuciones y la inclusión de cláusulas sociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, y el sector privado, para el que se ha limitado a promover estas medidas y la participación de las mujeres en la promoción profesional.
Para vigilar el cumplimiento de esta normativa, la consejera ha anunciado la creación de un órgano colegiado compuesto por administraciones públicas y las entidades más representativas que forman el Diálogo Social de Castilla y León. La consejera ha destacado que se trata de una norma "avanzada, innovadora y comprometida", la primera de este tipo en España, y ha reiterado su deseo de que pueda convertirse en el germen de un sistema nacional de conciliación. En su opinión, esta ley puede contribuir a paliar los problemas demográficos de Castilla y León, al suponer un apoyo a la natalidad y también tener un impacto sobre las posibilidades de las mujeres de incorporarse al mercado laboral, especialmente en el ámbito rural.