UGT denuncia "presiones e irregularidades" en la Universidad de León

La Unión General de Trabajadores denunció hoy la existencia de “presiones e irregularidades” en la Universidad de León que pasan por “persecuciones de diferente nivel” a los responsables de la Sección Sindical y una “falta de transparencia” del Rectorado, que “no facilita información que legalmente está obligado a ofrecer ni contesta a las peticiones que se le hacen a través del portal de transparencia”.

El secretario general de la Federación de Empleados del Servicio Público (FeSP-UGT), Juan Miguel Martínez, aseguró que por parte de la Universidad se está llevando a cabo una “persecución del secretario general de la Sección Sindical de UGT en la ULE”, mediante la propuesta de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo que “en esencia solo suponen la supresión de su puesto de trabajo”.

Martínez también resaltó que “se ha dejado entrever a responsables y delegados de UGT en la Ule que les iría mejor si no perteneciesen al sindicato” y se les ha “recomendado y advertido a trabajadores de la ULE que no es bueno para su promoción la cercanía o pertenencia a la Sección Sincial de la ULE”.

El este contexto, el secretario general de FeSP-UGT señaló que “varios afiliados han pedido expresamente que no se haga pública su pertenencia a la Sección Sindical porque temen represalias”.

Asimismo, el secretario general de la Sección Sindical de UGT en la Universidad de León, José Carlos Cosgaya, denunció que la oferta pública de empleo del personal de administración y servicios de la ULE correspondiente al año 2017 se encuentra “en los juzgados” por haberse aprobado sin negociación previa.

No obstante, esta no es la única denuncia, sino que Cogaya aseguró haber llevado a la Inspección de Trabajo asuntos como “la falta de información a los representantes de los trabajadores y el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores” o la “inexistencia de un plan de prevención de riesgos”, así como “los dos años que lleva sin convocar al Comité de Seguridad y Salud”.

A estos asuntos, sumó que el presupuesto general de la Universidad de León se aprobó “sin la negociación perceptiva en la Mesa General de Negociación”, que las convocatorias de bolsas de trabajo “son irregulares con baremos de méritos que no están en vigor”, la “falta de transparencia del equipo de Gobierno” o la asignación “digital y sin concurso” de puestos “inexistentes” en la universidad a personas cercanas y familiares de las mismas.

En cuanto a la Fundación de la Universidad, FGULEM, José Carlos Cosgaya, criticó su utilización para “la contratación y cesión de trabajadores, de un modo irregular, a la propia Universidad”, ya que según explicó “el criterio de contratación basa más del 50 por ciento en una entrevista personal realizada por personas afines”.

Por todo ello, la secretaria de Formación e Igualdad, Cristina Espinosa, pidió al equipo de Gobierno de la Universidad de León que “abandone estas formas de presión y limitación de la libertad sindical” y que actúe “respetando a la representación de los trabajadores y la parte social de las mesas de negociación, así como sus opiniones y propuestas”.

Espinosa solicitó también al Consejo Social de la Universidad de León que “no apruebe los temas sin analizarlos” y al rector de la Universidad, Juan Francisco García Marín, “que deje de usar la ULE como su cortijo privado y cumpla con los reglamentos y normativas vigentes”, al mismo tiempo que “deje de desviar contrataciones y dinero a la Fundación de la Universidad para poder desde allí contratar personas saltándose los principios de igualdad, capacidad y mérito”.